l grupo político que encabeza Enrique Peña Nieto está en ruta definitiva hacia la instalación de uno de los suyos como fiscal general de la nación por nueve años, a partir de su convalidación legislativa.

Es decir, según lo que pretende esta facción, y que tratará de ser finiquitado a partir de este viernes primero en que el Congreso federal inicia un periodo más de sesiones, el siguiente presidente de la República, a lo largo de todo su sexenio, y el que le sucediera, al menos durante un poco más de un año, habrían de tener a un amigo y dependiente político de Peña Nieto como el máximo responsable de investigar y perseguir los presuntos delitos federales que se cometieran o, en la especie, que se hubieran cometido con anterioridad. Digamos, por ejemplo, en el periodo de gobierno del propio amigo e instalador Peña Nieto.

La intención política de protección transexenal es de una evidencia absoluta. El abogado Raúl Cervantes Andrade es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ha puesto de manera militante sus conocimientos y su capacidad al servicio de Peña Nieto, tanto en la campaña presidencial de éste (como encargado de asuntos jurídicos), como en el Senado (adonde llegó por disposición del propio EPN), donde fue una especie de comisionado de Los Pinos para vigilar en términos legales y apoyar de manera operativa la aprobación de las ‘‘reformas estratégicas’’.

En pago a sus servicios grupales, Peña Nieto intentó convertirlo en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Cervantes Andrade había dejado la presidencia de la mesa directiva del Senado, para cumplir con el requisito correspondiente), pero era demasiado el imponerlo además del ex titular de la PGR Eduardo Medina Mora, por 15 años, como sucedió en marzo de 2015, con una votación que no habría alcanzado el mínimo necesario si hubieran asistido los senadores entonces del PRD, Armando Ríos Píter y Luz María Beristáin, y los que ya no eran perredistas, Mario Delgado y Rabindranath Salazar, premorenos a esas alturas (como dicen: a veces se vota con los pies, mediante ausencias que cuentan.)

Así que Cervantes Andrade ni siquiera pudo ser presentado como aspirante a ser ministro y hubo de regresar al Senado. Ahora, en otro intento de Los Pinos por colocarle para que cuide espaldas en el futuro, está en vías de ser fiscal general de la nación, la nueva etiquetación de la Procuraduría General de la República que, a título de consolidar su ‘‘autonomía’’, cuenta con nuevo marco jurídico en el que se prevé que el actual ocupante de la PGR sea ratificado, de manera automática, como el fiscal fundador que durará en su encargo nueve años.

Ni siquiera es posible otorgar a Cervantes Andrade el beneficio de la duda. Desde la PGR ha actuado con clarísimo sentido de protección a los intereses de Los Pinos, como ha sucedido en el caso del ex director de Pemex Emilio Lozoya (a quien se le permitió ver el expediente relacionado con Odebrecht, ¡aunque, según eso, el nombre de Lozoya ni siquiera estaba en ningún expediente!), y en los ‘‘errores’’ originales, sembrados en el proceso al amigo Javier Duarte de Ochoa, que podrán ser aprovechados más adelante por los representantes legales del veracruzano para invocar violaciones al debido proceso.

No está de más recordar que el procurador, aspirante a fiscal transexenal, es miembro del grupo de Los Primos: Humberto Castillejos Cervantes, ex consejero jurídico de Los Pinos, que renunció hace meses, justamente para quedar en condiciones de aspirar a otro cargo transexenal, y Alfredo Castillo Cervantes, ex comisionado ilegal para asuntos de Michoacán y actual director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

El presidente de la mesa directiva del Senado, Pablo Escudero (miembro del Partido Verde Ecologista de México y yerno de Manlio Fabio Beltrones), dijo ayer que ya se cuenta con los votos suficientes para aprobar el pase de Cervantes Andrade de la procuraduría a la fiscalía de nueve años. Abiertamente invitó a los panistas a que desatiendan el llamado que ha hecho su dirigente nacional, Ricardo Anaya, para impedir la continuidad de quien ya es llamado el #FiscalCarnal.

La postura de Ricardo Anaya forma parte de la tragicomedia política mexicana. Según él, está en ‘‘franca guerra’’ contra el PRI y Los Pinos, pues, como dirigente del partido de derecha, ha instruido a que los votos de blanco y azul no ayuden al propósito de instalar a Cervantes. A cambio, asegura, ha recibido agresiones, como la relatoría de la fortuna de su familia política, que ha tenido un vertiginoso crecimiento al tiempo que Anaya ha ido destacando en la política de Querétaro y en la nacional.

La tal guerra no es sino una denominación de mercadotecnia para buscar mejores arreglos en el ya largo historial de presiones, regateos y concesiones en que se ha convertido la política institucionalizada en México. El PAN, en general, y Anaya, en particular, se han convertido en expertos en el canje de sus votos legislativos por posiciones, cargos y beneficios para los grupos en puja.

La lista de mercancías a negociar en el tianguis legislativo incluye la ley de seguridad interior, cuya aprobación se ha tardado más de lo que parecen estar dispuestos a soportar los briosos jefes militares mexicanos, los secretarios de la Defensa y de la Marina. Esa tardanza (que podría parecer una cierta reticencia de EPN a conceder más poder y un radio más amplio de acción ‘‘legal’’ a las fuerzas desbordadas), e incluso aquellas palabras de Peña Nieto ante audiencia militar, exhortando a los presentes a desobedecer órdenes que violaran derechos humanos o leyes, han generado en el ámbito castrense una delicada incomodidad que Los Pinos necesita deshacer negociando lo que sea para que la citada ley sea aprobada.

Y, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha atrevido a emitir un comunicado de prensa para confrontar tuits ofensivos (los del día) de Donald Trump, como si Videgaray se estuviera reacomodando ante el declive del millonario botarate, ¡hasta mañana!

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