En las mesas de discusión que organizó el Senado sobre la consolidación del sistema penal acusatorio, funcionarios del gobienro federal, legisladores y académicos se pronunciaron por llevar a cabo modificaciones para fortalecerlo, pero de ninguna forma realizar nuevos cambios constitucionales.

Durante los trabajos de la mesa Perspectivas y retos para la consolidación del nuevo sistema de justicia penal, se destacó que este nuevo modelo de justicia no necesita ser sustituido por otro; lo que se requiere es capacitar a los servidores públicos y operadores del sistema, para lo cual el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a cargo de Álvaro Vizcaíno y Jaime Rochín, respectivamente, llevarán a cabo un programa para fortalecer las asesorías jurídicas a víctimas en los estados.

En la relatoría de las mesas de trabajo, realizadas por las comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales y Reforma del Estado, se indica que uno de los señalamientos de los expertos y funcionarios federales y locales fue construir un modelo de persecución adecuado, porque actualmente existen muchas deficiencias en la implementación, lo cual trae como consecuencia que en diversas entidades aún prevalezca el sistema inquisitorio.

Piden eliminar figura del arraigo

Senadores de PRI, PAN y PRD, así como funcionarios, se pronunciaron por eliminar la figura del arraigo, ya que su vigencia trae como consecuencia que primero se dentenga y después se investigue, lo cual afecta claramente los derechos del detenido y genera un descrédito institucional ya que esa es una fugura del sistema inquisitivo.

Entre las propuestas expresadas destaca, sobre todo, la capacitación a policías, jueces y ministerios públicos. En las mesas en que participaron funcionarios del gobierno federal, del Poder Judicial y de los gobiernos de los estados se pronunciaron por la capacitación de los policías y que se les dé su autonomía para que no dependan de los fiscales y así poder atender el principio de contradicción.

Se indicó que los policías para poder llevar a cabo la investigación tienen que acceder a bases de datos, las cuales muchas veces están limitadas por el fuero común, ejemplo de ello, no se tiene acceso a información del Servicio de Administración Tributarial ni de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El Instituto Nacional de Ciencias Penales se pronunció por la autonomía de los ministerios públicos.

El comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, manifestó: estamos convencidos de que la transformacion que se realizó al sistema de justicia penal es el camino correcto, pero nos hemos pronunciado por la necesidad de que hay que revisar ciertas figuras que podrían hacero aún más eficaz.

Sin duda, subrayó, la actuación de la policía es la parte toral en donde quisiéramos ver centrada la parte de la investigación; eso nos va a permitir determinar si un modelo está o no funcionando.

Refirió que el texto constitucional dota de facultades de investigación a la policía, pero las mejores prácticas se dan con una autonomía de la instancia técnica jurídica para llegar a la conclusión de un asunto.