Organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos expresaron solidaridad al obispo de Saltillo, Raúl Vera López, ante los señalamientos del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez.

El mandatario aseguró que la tardanza del obispo para denunciar a sacerdotes por la presunta comisión del delito de pederastia habría ocasionado que éstos se sustrajeran de la acción de la ley.

Setenta y ocho agrupaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, indicaron que ello se deriva de la comunicación que presentó el obispo, junto con agrupaciones de desaparecidos, ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad cometidos en Coahuila durante los pasados ocho años.

Dichas organizaciones y 216 ciudadanos firmantes del pronunciamiento exponen que existe una persecución legal y criminalización mediática contra el obispo.

El Observatorio Eclesial reprodujo el escrito, en el que las agrupaciones indican que el uso político y represivo que se hace de la procuración de justicia desgasta más un aparato que debería estar atendiendo la crisis de graves violaciones a los derechos humanos y combatir la impunidad que impera en Coahuila, que no es un tema menor.