Santa Bárbara, Chih.

Alrededor de mil trabajadores y ex trabajadores de empresas mineras de este municipio del sur del estado, apoyados por familiares y pobladores, protestaron ayer frente al Monumento al Minero luego de una marcha para exigir a Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, el pago de acciones de la empresa, que reclaman desde hace más de 11 años.

Los inconformes dieron a conocer que han presentado demandas ante autoridades laborales y dijeron ser víctimas de un fraude en el que estaría involucrado Scotiabank Inverlat. Se solicitó hablar con representantes de la empresa, pero ésta no dio respuesta.

Los trabajadores, encabezados por el abogado Miguel Zapién de la Torre, exigieron la entrega de un fideicomiso que nos corresponde por el pago de unas acciones de Grupo México que fueron compradas con el dinero de utilidades que no nos fueron pagadas por la empresa ni por Scotiabank Inverlat.

Miguel Zapién afirmó que decidieron manifestarse debido a la negativa de los involucrados para resolver el problema.

Aseguró que más de 2 mil personas apoyaron a los mineros en su protesta, que duró aproximadamente dos horas. La manifestación comenzó en la zona conocida como Puente Negro, donde se encuentra el acceso principal a la mina de Santa Bárbara, y culminó en el Monumento al Minero, en la zona centro, luego de recorrer las principales calles de la localidad.

Junto con los afectados marcharon representantes de las ciudades de San Francisco del Oro, Parral, Juárez y Chihuahua, así como mineros de Cananea, Sonora, y de la región Carbonífera de Coahuila.

Zapién de la Torre consideró necesario presionar, pues Grupo México y Scotiabank Invertlat se niegan a dialogar.

En este contexto, se dio a conocer que este lunes se instaló en la ciudad de México una mesa de trabajo con diversas autoridades, y que existen posibilidades de que se inicien negociaciones para solucionar el problema.

El pasado 12 de agosto, empleados de minas de Santa Bárbara se dieron cita en la plaza Hidalgo de la ciudad de Chihuahua, para exigir al gobernador panista Javier Corral Jurado que los apoyara ante las instancias correspondientes para que se les pague a casi 3 mil afectados lo que les corresponde por las acciones.

Zapién explicó que el problema afecta a 6 mil 54 trabajadores y ex trabajadores en el país, de los cuales poco más de 3 mil viven en Chihuahua. De acuerdo con el abogado, a cada uno de los quejosos le corresponderían aproximadamente 10 millones de pesos.