Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) consideraron que la arquidiócesis primada de México violó la ley, porque en su semanario Desde la fe reprobó los 6 mil 788 millones de pesos que se pretende destinar a los partidos políticos en 2018, y anunciaron que solicitarán la intervención de la Secretaría de Gobernación (SG).

Esta propuesta presentada por Marco Antonio Baños en el Consejo General desvió ayer el debate del tema de fondo, el acuerdo por el cual el INE aprobó solicitar a la Cámara de Diputados un presupuesto de 25 mil 40 millones de pesos para el próximo año, de los cuales 18 mil 226.4 millones son sólo para la operación del instituto.

A partir de una tímida intervención de un representante de Nueva Alianza sobre el tema, el consejero Baños hizo una encendida crítica al vocero de la arquidiócesis. Seguramente fue don Hugo Valdemar, que ya no es, en mi opinión, un sacerdote, sino un político; es un hombre que habla como hablan los políticos.

Recordó que el artículo 130 de la Constitución prohíbe a los ministros de culto que hagan proselitismo en favor o en contra de candidatos, partidos o asociaciones políticas y tampoco oponerse a las leyes del país.

Advirtió que el INE tiene que pedir la intervención de Gobernación para que determine qué hacer con actores que están hoy día queriendo incidir de manera inconstitucional, de manera ilegal en el desahogo de los procesos comiciales, y sean frenados a tiempo.

Luego aclaró que en los próximos días definirán si el mismo INE puede iniciar una investigación a través de un procedimiento ordinario sancionador o remitir un escrito a la dependencia encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong.

¿Y los donativos?

Exigió además a los jerarcas católicos una explicación sobre los donativos que reciben, como uno de supuestamente 44 mil millones de pesos proveniente de Carlos Slim, o qué hacen con los cobros de las bodas o de los bautizos, porque eso nunca lo publican.

También culpó a los anteriores magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de haber abierto la puerta para que los ministros de culto continúen en sus trabajos de carácter político.

El consejero Ciro Murayama se sumó a esta inconformidad, porque dicha publicación califica a las leyes electorales como cínicas y acusó, sin dar una sola prueba, que hay nueve partidos políticos políticos con padrones inflados.

“No se necesita ser un constitucionalista para advertir la lesiva vulneración a la Carta Magna que el contenido del semanario Desde la fe supone”, expresó.

En entrevista, la consejera Pamela San Martín también pidió que la Secretaría de Gobernación intervenga, ya que el artículo 130 constitucional es claro en cuanto a las prohibiciones en ese ámbito, y recordó que Valdemar ya fue sometido a una investigación en 2010, cuando llamó a no votar por el PRD en cuanto a leyes aprobadas en la Ciudad de México.

En la sesión, el consejero Benito Nacif fue el único que defendió a la arquidiócesis, al advertir que la crítica al presupuesto del INE o las prerrogativas de los partidos es un derecho en este país, y pidió no ahogar este debate.