En México la confianza en el Poder Judicial se ha reducido y alcanzó, en la reciente Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, 5.5 sobre 10. Por ello se torna especialmente urgente replantearnos el tipo de justicia que los tribunales debemos brindar en el ejercicio de nuestra función, sostuvo Janine Otálora, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante el seminario Diálogos por la justicia abierta, organizado por la Facultad de Derecho y el TEPJF, Otálora agregó que la percepción ciudadana sobre el cumplimiento del Poder Judicial nos obliga a realizar un ejercicio de autocrítica y, a partir del mismo, ubicar las áreas de oportunidad institucionales, para mejorar el desempeño.

Por su parte, María Guadalupe Silva, magistrada del TEPJF, se refirió a la descalificación del Poder Judicial: El debilitamiento institucional como estrategia electoral no debe ser el camino para el éxito personal de algunos. La debilidad de la vida institucional en México es la garantía del fracaso de la razón y de la viabilidad como país y como sociedad democrática.

Sostuvo que hay descrédito de la clase política y desconfianza social por lo que se tiene que asumir autocríticamente; no se puede ir echando responsabilidades a otros de sus errores, equivocaciones o mala decisiones. Les vendría bien mejorar sus procesos de decisión, transparentar su vida interna, rendir más y mejores cuentas, ser más abiertos a la ciudadanía... Ahí está el reto de los partidos.

Otálora refirió que el informe del Latinobarómetro (estudio de opinión pública que se aplica anualmente en 18 países de América Latina) reveló que la confianza en las instituciones electorales en esa región se redujo de 44 a 22 por ciento, en tanto que en el Poder Judicial, de 30 a 26. Asimismo, reporta que en México 38 por ciento de los encuestados manifestaron no tener confianza en esa instancia.

Para la presidenta del tribunal, el resultado de las encuestas puede tener diversas explicaciones: la percepción de la ciudadanía sobre la opacidad en la que suelen moverse los órganos jurisdiccionales y, por otra, la falta de comunicación accesible a todos de la forma de actuar de los jueces.

Destacó que la democracia es mucho más que un concepto o una institución cuya función pueda reducirse a garantizar el derecho de votar y ser votado. Por ello, en una democracia todos somos corresponsables de su fortalecimiento; de ahí que la mayor interacción con la sociedad mediante esquemas de justicia abierta abona a la consolidación el Poder Judicial.

En tanto, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, Francisco Javier Acuña, aseveró que el esquema de gobierno abierto se ha expandido positivamente para abarcar esquemas de parlamento y justicia abiertos, lo cual permite mayor participación ciudadana y garantiza el derecho de acceso a la información.