La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA-MN) exigió al gobierno de Querétaro, que encabeza Francisco Domínguez Servién, parar la criminalización y la represión de la lucha social, y dijo que la administración del panista se ha cerrado al diálogo con las organizaciones sociales.

En un comunicado, la agrupación indicó que, como muestra de incapacidad de operación política frente al hartazgo social, se ha hecho común el uso y abuso de la imputación de delitos para acallar las voces disidentes y críticas al gobierno. Con ello pretenden justificar el acoso y la persecución de luchadores sociales.

La CNPA-MN expuso que se acusa de motín agravado a sus integrantes Anselmo Robles Sánchez, Pablo González Loyola, Luis Alberto Reyes Juárez y Jerónimo Sánchez Sáenz.

La agrupación sostuvo que se han vuelto prácticas cotidianas en Querétaro la violencia, el despojo de derechos, la inseguridad, el miedo y el terrorismo laboral contra quienes se atreven a exigir respeto a los derechos humanos de petición, de gestión y de organización social.

Aseguró que la administración estatal no sólo obedece sin reservas las órdenes del gobierno federal para promover reformas neoliberales que empobrecen, despojan, saquean al pueblo y persiguen a los opositores, sino que se especializa en las artes de la fabricación del delito, la provocación, la amenaza, el hostigamiento y la persecución.