La Procuraduría General de la República (PGR) ha sido ‘‘capturada por intereses políticos y económicos distintos al interés público, (está) diseñada para ser complemento perfecto del añejo presidencialismo mexicano, (es) incapaz de cumplir cabalmente su mandato y es uno de los más costosos y dañinos obstáculos para la impartición de justicia en México’’.

Por ello, organizaciones civiles, grupos empresariales, colectivos de familiares de víctima del delito y miembros de la academia demandaron que esa dependencia se transforme en una fiscalía autónoma, capaz e independiente.

Ayer, representantes de casi 300 organizaciones y grupos con diferentes posiciones políticas, que van desde los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de la Montaña Tlachinollan y Fray Bartolomé de las Casas, así como Serapaz, hasta Mexicanos Primero y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, realizaron un acto público al pie del Ángel de la Independencia al que llamaron #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva.

Ahí resaltaron que todas las expresiones de la injusticia en México tienen un denominador común: la ausencia de una fiscalía autónoma que cimiente el estado de derecho.

Rechazaron que el actual titular de la PGR, Raúl Cervantes, tenga ‘‘pase automático’’ para ser nombrado nuevo fiscal general y anunciaron que en breve presentarán al Congreso de la Unión un proyecto ciudadano de dictamen que permita reformar la Constitución y con ello dar paso a una verdadera fiscalía autónoma y que su titular sea elegido con base en criterios de transparencia y legalidad, sin visiones de pago de cuotas o lealtades.

El director del Centro Tlachinollan, Abel Barrera, indicó durante el acto que no se puede pretender hacer sólo un cambio de estafeta y nombre, pero que se mantengan los mismos vicios, fallas y la misma dependencia del Ejecutivo federal. Consideró que nombrar a Cervantes al frente de la fiscalía general representaría el seguimiento de las decisiones cupulares y presidencialistas y limitaría la autonomía de la nueva dependencia. ‘‘Éste es un esfuerzo inédito desde la sociedad civil para crear una estructura robusta y transparente, más allá de cotos de poder, de cuotas políticas y de la protección de los intereses de la clase política que ha hecho mucho, mucho daño a nuestro país’’.

Los convocantes resaltaron que la autonomía constitucional para la nueva fiscalía, que se aprobó en 2014 por el Legislativo, ‘‘corre el riesgo de ser un simple estatus jurídico si no viene acompañada de mayor rendición de cuentas, una supervisión efectiva de su gestión y una completa profesionalización del personal’’.

La propuesta civil, dijeron, se fundamenta en estudios y diagnósticos profundos, y consultas con decenas de expertos nacionales y extranjeros; reconoce el trabajo previo de los legisladores, y también incorpora los planteamientos más sólidos de todas las iniciativas que los partidos políticos y el Ejecutivo Federal han promovido en el Congreso.