La necesidad de una mayor capacitación a los operadores del nuevo sistema penal acusatorio, mejoramiento sustancial de las técnicas de investigación y una eficaz coordinación entre los cuerpos de seguridad y el Ministerio Público, son algunas de las múltiples propuestas recogidas durante los 10 foros que tuvo la consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia.

Los foros comenzaron desde mayo pasado en varias ciudades del país y los trabajos continuaron ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el más reciente foro se llamó al Congreso –próximo a iniciar su periodo de sesiones– a una moratoria legislativa en materia de justicia y seguridad interior, hasta entregar las conclusiones generales y esquematizadas en octubre próximo, tanto al Poder Legislativo como a la Procuraduría General de la República.

Durante la más reciente sesión, Pedro Salazar, del IIJ, señaló que actualmente hay propuestas de reformas en diversos temas que están conectados: el sistema de justicia penal acusatorio, la ley de seguridad interior, los modelos policial y de procuración de justicia, con el tránsito de la Procuraduría General de la República a una fiscalía general.

“Todos estos temas están concatenados. Por ello sugerimos una suerte de ‘moratoria’ legislativa en estos temas, para mirarlos en conjunto”, expresó Salazar.

Convocada por reconocidas instituciones y centros académicos y de investigación, universidades y asociaciones de expertos en la materia, en la consulta –dividida en mesas temáticas– participaron 170 especialistas, en tanto que 288 acudieron a los 10 foros de presentación de propuestas celebrados en nueve ciudades del país, reportó el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que junto con la UNAM y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior fueron los principales convocantes.

En varias mesas se expresó que hay un grave pendiente en la adecuación de los estándares de los jueces, fiscales y defensores, que en los primeros resultados de este nuevo sistema de justicia penal han hecho difícil su implementación.

Es por ello que esta consulta buscaba que los expertos en la materia e integrantes de la sociedad civil, como defensores de derechos humanos, dialogaran entre sí para encontrar mecanismos de adecuación institucional al nuevo sistema.

Hay que recordar que la reforma constitucional en materia de justicia y seguridad pública marcó el inicio de un nuevo sistema penal acusatorio, que introdujo los juicios orales en México, lo cual implica una modificación de los diferentes componentes que integran dicho sistema, que en su inicial puesta en práctica ha mostrado varios problemas.