n los casos de corrupción detectados en varias universidades del país se observa el mismo esquema de operación, lo cual indica que algunos directivos universitarios han sido atrapados por redes de complicidad que vienen desde arriba, con operadores del gobierno federal, en programas que requieren de la concurrencia de grupos especializados y, además, aprovechando que en las reglas de operación de muchas universidades no se requiere concurso, sino que pueden hacerse asignaciones directas. En el país se han formado grupos de especialistas en manejo de recursos federales que aprovechan su experiencia para sacar ventajas absolutas y enriquecerse. Otra área en la cual las universidades se involucran con estos grupos de bajadores de dinero federal es el acceso a recursos presupuestales extraordinarios. Los gestores se llevan de 10 hasta 20 por ciento del monto conseguido. Los proyectos en que las instituciones educativas venden servicios especializados también están infestados de grupos de este tipo.

El análisis del modus operandi es esencial para que las auditorías de la Federación y de los estados, junto con las secretarías de la Función Pública, recomienden modificar las reglas de operación y los procedimientos de asignación de recursos para inhibir esta apropiación de recursos públicos. Es una carrera que llevan ganada los bandidos. Las redes de complicidad surten efecto.

Las propias instituciones de educación superior deben comprometerse a vigilar. Se necesita que la Función Pública y los órganos de vigilancia del Estado modifiquen sus procedimientos, pero también que las universidades procuren la limpieza en el uso de recursos que son de todos. En los casos de corrupción documentados no hubo medidas correctivas de las universidades involucradas.