El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) aprobó ayer elaborar protocolos especiales de actuación ministerial para casos de justicia penal para adolescentes.

Asimismo, se realizará un diagnóstico de la Red Nacional de Radiocomunicación para garantizar su operación, mantenimiento y actualización. Además, se elaborará un nuevo formato del informe policial homologado para ser aplicado a partir del próximo año.

En la sesión 42 del CNSP habrá –por acuerdo de los integrantes– un modelo homologado de órganos especializados en mecanismos de solución de controversias y de unidades de atención temprana, y el compromiso de los estados de suministrar oportunamente la información para la base nacional de datos en la materia.

Previamente, el consejo había dado su consentimiento también a las propuestas del jefe de Gobierno de Ciudad de México, como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Miguel Ángel Mancera, para elaborar programas de trabajo y establecer acciones y plazos para cumplir con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, bajo la coordinación de la Procuraría General de la República (PGR).

También, desde la Conago se formalizó el compromiso de los estados para ‘‘fortalecer las capacidades de las unidades o fiscalías especializadas en la prevención, sanción y erradicación del delito de trata de personas’’.

Eruviel Ávila, quien como gobernador del estado de México asistió ayer a su última sesión del consejo, agradeció que las fuerzas armadas, la PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional hayan permitido a su administración ‘‘disminuir la incidencia delictiva y contener el crecimiento que en su momento llegamos a tener’’ en esta materia. Admitió que falta por hacer: en la calle la gente ‘‘todavía nos exige mayor y mejor seguridad’’, pero reconoció el esfuerzo del presidente Enrique Peña Nieto y del gobierno federal por apoyarlo en esa materia.

Otro gobernador con la última participación en estos encuentros, Rubén Moreira, de Coahuila, aportó cifras para ilustrar la disminución de hechos delictivos en su entidad.

Expuso, además, la urgencia de revisar los modelos de control de confianza de los policías y de los propios evaluadores de aquéllos. La propuesta se aceptó, al igual que el compromiso de las entidades de reportar periódicamente los incidentes cibernéticos con un formato homologado. Se elaborará también un modelo único sobre justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad.