El jefe delegacional de Azcapotzalco, Pablo Moctezuma Barragán, señaló que de 19 megaproyectos de construcción que recibió al iniciar su administración, se logró en media docena de ellos la suspensión de la obra, pero en algunos casos resoluciones judiciales les permitieron continuar, a pesar de las irregularidades denunciadas.

Un caso emblemático es el de calzada Azcapotzalco-La Villa número 270, en el barrio de Santa Catarina, que visitó ayer con diputados de la Asamblea Legislativa, donde la empresa Quiero Casa obtuvo autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para edificar torres de ocho niveles al aceptar un polígono de actuación, aun cuando el predio no tiene la superficie requerida de 10 mil metros cuadrados.

Hemos tratado de suspender algunas obras como ésta, que claramente viola las normas porque está en el centro del pueblo; nunca se debió haber dado licencia, pero llegamos ya con hechos consumados. Nosotros suspendimos y se nulificó la manifestación de construcción, pero el Tribunal (de lo Contencioso Administrativo) le dio la razón a la inmobiliaria y por eso está en marcha, señaló ante vecinos en una reunión que por momentos se tornó áspera por la presencia de algunas personas afines al asambleísta Juan José Briones, del mismo partido de Morena, algunos que incluso no residen en Santa Catarina y reclamaban que no se invitó al legislador.

Moctezuma recorrió un par de casas contiguas que muestran algunas fracturas y ofreció apoyar en las gestiones para obligar a la empresa a reparar los daños, en tanto se inicia una nueva verificación del desarrollo.

Antes, visitó con los diputados César Cravioto y David Cervantes otra obra en Campo Grijalva 124, en el pueblo de San Pedro Xalpa, antigua fábrica de telas La Parisina, donde la desarrolladora M&M Consultores Inmobiliarios promueve el proyecto Acenta Urbana, de 14 torres y más de mil 600 viviendas.

Este se logró suspender con apenas la excavación, en un juicio que continúa en el TCA, pero que en el recorrido de ayer se detectó que aprovechó una autorización para realizar trabajos de mitigación de riesgos y avanzó en la construcción de una de las torres, por lo que anticipó que se procederá por la vía penal.