Tijuana, BC.

Carmen Judith Arcadia buscaba desde hacía dos años a su hijo, Fernando Humberto, secuestrado en esta frontera, y por meses pidió a las autoridades que buscaran en La Playita, un viejo hotel abandonado en la zona norte.

El viernes pasado, apoyada por indigentes y deportados, ella empezó las excavaciones; encontró varios restos, un zapato y el celular de su hijo. Mientras ella removía la tierra, su esposo, Juan Ruperto Beltrán, desapareció. Ayer la mujer lo encontró desmembrado en el Servicio Médico Forense (Semefo).

Ella es una de las madres de Baja California que buscan a familiares desparecidos –se calcula que suman mil 400 de 2007 a la fecha– y el cuerpo destazado de su esposo lo localizó el miércoles pasado por casualidad en el Semefo. La última vez que lo vio con vida fue el 19 de agosto.

Fernando Ocegueda Flores, de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, denunció que el asesinato de Juan Ruperto fue consecuencia de la denuncia que hizo su esposa, al señalar el hotel La Playita como cementerio clandestino, y llamó a las autoridades a proteger a las familias de los desaparecidos.

A petición de organizaciones de derechos humanos, la Policía Federal ofreció la tarde de ayer medidas cautelares para Carmen Judith Arcadia.

El hotel abandonado también ha sido señalado como cementerio clandestino utilizado por cuerpos policiacos.

En días recientes la Asociación Unidos por los Desaparecidos ha encontrado restos humanos en distintos puntos de Tijuana.

Continuará el análisis de muestras: Corral

En operación, fiscalía especializada en Jalisco

De la corresponsalía en Chihuahua

El Equipo Argentino de Antropología Forense analizó 60 restos óseos encontrados en tres fosas clandestinas de Chihuahua y concluyó que 52 contienen información genética correspondiente a 22 personas, siete de las cuales están plenamente identificadas, informaron ayer integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), luego de una reunión privada con el gobernador Javier Corral Jurado.

El mandatario panista reconoció que algunas zonas del estado se han convertido en el epicentro de casos de desaparición forzada en el país y anunció que se analizarán más muestras para avanzar en la identificación genética de alrededor de 300 cuerpos recuperados en el año reciente.

Garantizó que la nueva Fiscalía Especializada en Violaciones a los Derechos Humanos recibirá fondos suficientes para atender todos los casos de desaparición forzada.

Gabino Gómez, del consejo directivo del Cedehm, recordó que las propuestas de crear la fiscalía especializada y la intervención del equipo argentino fueron presentadas por familiares de personas desaparecidas a Corral Jurado el 4 de octubre pasado, cuando éste rindió protesta como gobernador.

En diciembre pasado, continuó, se firmó un convenio de colaboración entre gobierno estatal y el equipo argentino a fin de analizar los restos encontrados en los ranchos Dolores, municipio de Cuauhtémoc, y El Mortero, municipio de Carichí, además de la brecha El Porvenir, municipio de Cusihuiriachi.

En enero se realizó una selección de 60 restos óseos y se tomaron muestras de sangre a familiares de 117 personas desaparecidas en Cuauhtémoc; los restos fueron proporcionados por la fiscalía, el Cedehm y la organización Justicia para Nuestras Hijas.

Mientras, ayer empezó a operar la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Jalisco. Organizaciones de familiares señalaron que la instancia llega tarde, aunque es un primer paso

La titular de la dependencia es María Teresa Medina Villalobos, quien ha sido visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y directora adjunta de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República.

(Con información de Juan Carlos G. Partida, corresponsal)