na multitudinaria protesta para exigir la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, marcó ayer el primer mes desde que el artesano Santiago Maldonado desapareció durante un operativo de la Gendarmería argentina, una corporación armada de naturaleza militar. La última vez que se le vio fue en la comunidad de Vuelta de Río, en la patagónica región de Chubut, cuando Maldonado participaba en un cierre de vía organizado por indígenas mapuches en demanda de la restitución de sus tierras ancestrales, de las cuales el Estado argentino los despojó para posteriormente venderlas a terratenientes privados.
La desaparición de Santiago Maldonado cuando, de acuerdo con varios testigos, se encontraba en manos de agentes de la Gendarmería, trajo de vuelta la sombra de la última dictadura militar (1976-1983), que se distinguió por el uso de esta práctica como método de amedrentamiento político y dejó un saldo de 30 mil desaparecidos, así como un número hasta hoy desconocido de bebés sustraídos a sus padres y entregados a familias simpatizantes del régimen. La perspectiva de encontrarse ante la repetición de hechos que se creían finalmente superados tras arduas luchas sociales por el fin de la impunidad codificada y el castigo a los responsables de la violencia de Estado, ha galvanizado la unidad tanto entre las organizaciones de derechos humanos como en la ciudadanía.
La actuación del gobierno derechista de Mauricio Macri ha contribuido a reforzar esa sensación de vuelta al pasado. Cabe recordar que el compromiso con los derechos humanos del empresario y ex alcalde de Buenos Aires se encuentra en entredicho tanto por el uso represivo de la fuerza pública y las políticas xenófobas desplegadas cuando se encontraba al frente de la capital del país, como por los graves retrocesos en la materia que ha caracterizado a su mandato: el intento de revisionismo por parte del Ejecutivo para minimizar la cifra de personas desaparecidas durante el gobierno de facto; la sentencia de la Suprema Corte, que beneficia con reducciones de condena a responsables de crímenes de lesa humanidad, o el encarcelamiento de la líder social Milagro Salas por una venganza política del gobernador macrista Gerardo Morales, son graves señales del designio por desmantelar los avances alcanzados en los años anteriores.
En tal contexto, resulta lógica la exasperación mostrada por la sociedad argentina ante el desaseado e irrespetuoso manejo de las indagatorias por parte de las autoridades, que desde el primer momento han hecho gala tanto de su desinterés en la búsqueda del joven como de que su atención se encuentra enfocada en gestionar los costos políticos de la tragedia. Muestra de la falta de sensibilidad política y humana para manejar una problemática de tal calado se encuentra en que el mismo juez que ordenó el desalojo durante el cual fue sustraído Maldonado se encuentre a cargo de esclarecer su paradero.
Santiago Maldonado debe aparecer con vida. La sociedad argentina encara un desafío crucial desde su regreso a la democracia, en el cual están en juego no sólo la integridad del joven y el arduamente conquistado derecho a la protesta, sino la sobrevivencia del Estado de derecho.
