Pese a la advertencia de posibles acciones de inconstitucionalidad contra ordenamientos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México (SACdMx) expedidos por la Asamblea Legislativa (ALDF), el gobierno capitalino respaldó en todos sus términos el paquete legislativo y lo publicó antenoche en la Gaceta Oficial.

Con esto, los 11 decretos entraron en vigor el sábado y comenzaron a correr los plazos para implementar la normatividad y nombrar a los titulares de la Fiscalía Especializada, la Secretaría de la Contraloría, el Tribunal de Justicia Administrativa con 15 magistrados de la sala superior y las especializadas, así como la integración del Comité de Participación Ciudadana del SACdMx.

Previo a la discusión y aprobación de las seis nuevas leyes y reformas a cuatro vigentes y al Código Penal, diputados de la Asamblea Constituyente, organizaciones ciudadanas, dirigentes sociales y activistas de derechos humanos advirtieron a la ALDF sobre inconsistencias, particularmente en los procedimientos para nombrar a titulares de entes que son clave en el sistema, como que sea el jefe de Gobierno quien proponga a los titulares de la Fiscalía y de la Secretaría de la Contraloría.

Para el último caso, se dejó incluso abierta la posibilidad de que el actual contralor de la ciudad, Eduardo Rovelo Pico, sea propuesto para un periodo de siete años con la posibilidad de ratificarlo por otro periodo igual.

La diputada Dunia Ludlow, del PRI, advirtió que algunas disposiciones no pasarían la evaluación del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que de hecho promovió ya un amparo contra las legislaciones locales, como es el caso de la Ciudad de México, que no garantizaron una representatividad ciudadana mínima de 14.78 por ciento en los comités coordinadores del sistema, al definir más de siete miembros en su integración.

En este contexto y a partir de la disputa de sus legisladores en el Congreso federal, la directiva del PAN capitalino determinó ayer respaldar la postura de su dirigencia nacional en el sentido de apoyar la propuesta de una Fiscalía General de la República autónoma e independiente y dio esa instrucción a sus grupos parlamentarios, aunque en la ALDF su bancada avaló mecanismos de selección que organizaciones reclamaron no garantizan esas condiciones en el sistema local.