Por primera vez en una década, las finanzas públicas de México tendrán un comportamiento superavitario, condición que se pretende preservar para el próximo año, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. Esta evolución ha sido reconocida por las diversas agencias calificadoras, que han mejorado la perspectiva crediticia del país, e implicará que la deuda pública como proporción del producto interno bruto (PIB) tendrá una tendencia decreciente.

A pesar de los vaticinios de expertos sobre el comportamiento de la economía en 2017, ésta se ha desempeñado adecuadamente preservándose la tendencia de crecimiento en esta administración: el crecimiento promedio anual, en los primeros cuatro años, ha sido de 2.1 por ciento. Esto es superior al 1.2 del mismo periodo del sexenio anterior y al 1.4 por ciento del antepasado, sostuvo el mandatario.

En su mensaje a propósito de su quinto Informe de gobierno, señaló que el país ha enfrentado una incertidumbre económica y política que se ha reflejado en la caída de precios del petróleo, volatilidad financiera y hasta el replanteamiento de prioridades del nuevo gobierno de Estados Unidos y los cuestionamientos a la globalización.

Peña Nieto atribuyó la estabilidad macroeconómica y de las finanzas públicas a, entre otros factores, la mayor eficiencia en la captación de ingresos fiscales, las cuales ya no dependen centralmente del petróleo.

En la actualidad, el incremento en la recaudación tributaria, equivalente a 5.5 puntos del PIB, permitió compensar la caída de los ingresos petroleros, que pasaron de representar 40 a 16 por ciento de los ingresos totales.

Paralelamente, en cuatro años y medio, se ha incrementado 60 por ciento el número de contribuyentes, lo que significa mayor formalización de nuestra economía y que más mexicanos están aportando al desarrollo del país, indicó.

Consideró que estamos ante la transformación más profunda que haya tenido la economía nacional en décadas. Y citó: los cambios en el sector energético han sentado las bases para que México vuelva a ser líder en este ámbito.

Tras los cambios al marco legal del sector, más de 120 empresas nacionales y extranjeras han comprometido inversiones superiores a los 80 mil millones de dólares, de los cuales 60 mil millones corresponden al rubro petrolero. Con ello, sin tener que canalizar recursos fiscales, el Estado mexicano recibirá, en promedio, 70 por ciento de las utilidades generadas en estos proyectos, celebró.

Por otro lado, la red de gasoductos, que al inicio de la administración tenía 11 mil 300 kilómetros, alcanzará casi 19 mil kilómetros, llevando gas natural a estados que actualmente no cuentan con ese insumo clave para el desarrollo industrial.

También destacó que las transformaciones estructurales han consolidado la confianza en la economía, lo que se ha reflejado en flujos históricos de inversión extranjera directa, por más de 156 mil millones de dólares.