En el quinto Informe de Gobierno, la administración de Enrique Peña Nieto aseguró que ha instrumentado una política que fortalece el respeto y protección de los derechos humanos, lo cual contradice diversos informes de organizaciones civiles nacionales e internacionales, que consideran que la situación de México en este terreno sigue siendo crítica.

El documento entregado el viernes en la Cámara de Diputados detalla que entre las acciones realizadas por el gobierno en este terreno están la capacitación de casi 10 mil servidores públicos sobre sus obligaciones de respeto a las garantías básicas.

De igual manera, el Informe señala que en 2016 ha habido una constante disminución en el número de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que pasaron de 63 en 2012, a 44 el año pasado.

De igual forma, el gobierno de Peña Nieto dijo haber desarrollado una Red de Centros de Justicia para las Mujeres, además de realizar campañas de difusión en materia de igualdad de género y eliminación de la violencia contra este sector de la población.

Asimismo, el Informe destaca el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y la promoción de principios de igualdad y no discriminación al momento de elaborar los programas públicos de gobierno.

Otra acción que el gobierno puso de relieve en el documento fue la adopción y posterior puesta en marcha de la reforma de la ley de víctimas del 3 de enero de 2017, mediante la cual se mejoró el marco normativo vigente en la materia, a fin de que la atención a las víctimas sea más efectiva, diligente, humana e integral.

También se puntualizó en el Informe que para promover los protocolos de respeto a los derechos humanos en la actuación de las fuerzas armadas y las policías de todo el país, se realizaron diversos cursos de capacitación, sobre temas como combate y prevención de la tortura, derechos de las víctimas del delito, uso de la fuerza y las armas de fuego, derechos humanos de las personas migrantes y combate a la trata de personas.

En contraposición, diversos colectivos de la sociedad civil han advertido que la situación de derechos humanos en México ha alcanzado el nivel de una crisis, y han cuestionado la pertinencia y profundidad de las acciones del gobierno para revertirla.

Amnistía Internacional, por ejemplo, advirtió que en el país existe una epidemia de desapariciones, alimentada por la incompetencia, inercia e indolencia del gobierno de Peña Nieto, que se ha preocupado más por dar respuestas políticas coyunturales que por diseñar políticas públicas eficaces para resolver este flagelo.

De igual forma, los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, entre otros, han alertado que la creciente incorporación de militares en tareas de seguridad interior va en detrimento de la fortaleza de la política civil, además ser una estrategia que ha demostrado su ineficacia.