Una juez de amparo determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe realizar una investigación efectiva, apegada a estándares internacionales y protocolos de búsqueda, para encontrar a Christian Téllez Padilla, quien fue víctima de desaparición forzada cometida por policías intermunicipales de Veracruz en octubre de 2010.

Así lo informó la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas), que representa a la familia del joven desaparecido. Agregó que al otorgar el amparo, la juzgadora establece claramente la obligación de la autoridad ministerial (PGR) de implementar las diligencias previstas por el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas, publicado por la propia dependencia federal.

La resolución de la juez señala que pese a que dicho protocolo surgió en junio de 2015 pudieron realizarse aquellos procedimientos de las fases posteriores a éste para tratar de esclarecer el hecho denunciado y cristalizar así el deber de la institución ministerial de investigar de manera seria, imparcial y efectiva los hechos puestos en su conocimiento.

El 26 de octubre de 2010, Téllez Padilla, estudiante de ingeniería industrial en la Universidad del Golfo de México, fue detenido por elementos de la policía intermunicipal de Poza Rica, Coatzintla y Tihuatlán mientras viajaba en su auto. Desde entonces no se sabe nada de él. Su familia acudió con el director de la corporación policiaca, Juan Carlos Novoa Torres, quien les aseguró que el joven no había sido detenido por los intermunicipales. Sin embargo, al siguiente día varios diarios estatales publicaron que esa policía había sido atacada por sicarios que se hacían pasar por estudiantes, pero lograron detenerlos.

La madre de Christian, María Eugenia Padilla García, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Veracruz, la cual pasó un mes después a la PGR. La mujer denunció que ambas dependencias han perdido teléfonos y nombres de posibles implicados que la familia ha proporcionado para las indagatorias. Además, ella y sus parientes han sido amenazados por elementos ministeriales.

En noviembre de 2015, Idheas presentó el caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La organización detalló que el 23 de agosto de este año la juez notificó a sus abogados que se encuentra evaluando el cumplimiento por parte de las autoridades ministeriales. “La juzgadora deberá analizar si la Fiscalía de Búsqueda de la PGR –que conoce el caso desde 2014– ha desarrollado las acciones efectivas de investigación y búsqueda o se ha limitado a justificar acciones formales buscando a Christian mediante oficios”.