Washington.

El presidente Donald Trump, en tal vez, su acción más cruel hasta la fecha según una amplia gama de críticos que incluyen al ex presidente Barack Obama, anunció que pondrá fin a un programa que protegió de la deportación a casi 800 mil jóvenes indocumentados –la gran mayoría mexicanos– que llegaron al país siendo menores de edad.

Sin embargo, en una concesión a la enorme presión de una amplia gama de la cúpula política y económica del país en contra de esta decisión, Trump ordenó que el programa continuará por seis meses más, para ofrecer una oportunidad al Congreso de promover una solución legislativa antes de quedar anulado.

Desde hoy no se aceptarán nuevas solicitudes para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), mientras las solicitudes para la renovación de los ya beneficiados se evaluarán caso por caso.

En una declaración por escrito, Trump señaló: no estoy en favor de castigar a menores de edad, la mayoría de los cuales ahora son adultos, por las acciones de sus padres. Pero tenemos que reconocer que somos una nación de oportunidades porque somos un país de leyes, y agregó que ahora le correspondía al Congreso buscar una solución legislativa, con una “reforma migratoria responsable.

Tengo un gran amor por esta gente, declaró más tarde el presidente, y dijo que esto llevaría a una mejor solución. Pero no detalló qué tipo de proyecto de ley apoyaría.

Retumba coro de condena

De inmediato retumbó el coro de denuncia y condena del anuncio por los beneficiarios, sus familias y la amplia gama de sus aliados, que incluyen a algunas de las personas más poderosas el país, con legisladores de ambos partidos que aseguran que ya están buscando cómo rescatar a los beneficiados por este programa.

En una intervención inusual en el ámbito público desde que salió de la Casa Blanca, el ex presidente Obama reaccionó: usar como blanco a esta gente joven está mal, porque no han hecho nada malo. Y es cruel.

Frente a la Casa Blanca, organizaciones de inmigrantes, defensores de derechos civiles y sindicatos, entre muchos más, manifestaron su repudio, al igual que sus contrapartes en varios sitios del país.

Desde hace días, cuando ya se anticipaba un anuncio sobre el tema, unos 400 ejecutivos en jefe, incluidos algunos de los más poderosos, como Tim Cook, de Apple (quien este lunes informó que 250 de sus empleados son dreamers que deben ser defendidos), Mark Zuckerberg, de Facebook, y Jeff Bezos, de Amazon, firmaron una carta pública en apoyo al DACA, mientras una amplia gama de políticos nacionales y locales de ambos partidos –entre ellos el líder republicano de la cámara baja, Paul Ryan, y el ex candidato presidencial y senador socialista Bernie Sanders (el político nacional más popular del país)–, religiosos, editorialistas y líderes comunitarios, se pronunciaron en favor de mantener intacto el programa, ya que su anulación tendría un severo impacto no sólo sobre los cientos de miles de jóvenes beneficiados, sino sobre sus familias y comunidades.

Unos ocho gobernadores y decenas de legisladores estatales emitieron un comunicado la semana pasada en el cual subrayan que poner fin al DACA es una acción insensatamente cruel. Dos estados, Nueva York y Washington, indicaron que presentarán una demanda contra la decisión ejecutiva. Rectores de varias universidades, incluidas Harvard y Yale, también se declararon en favor del programa.

Portada del Daily News de Nueva York: Aplastador de sueños

Este martes un grupo bipartidista de senadores indicaron que promoverán un proyecto de ley para rescatar a los beneficiados por el DACA. El demócrata Dick Durbin pide a los llamados dreamers que no pierdan la esperanza, junto a su colega republicano, Lindsey Graham.

Figuras del mundo de las artes se sumaron a la condena, entre ellos Michael Moore, quien tuiteó: “no tienen vergüenza… ni conciencia… no tienen idea de quién construyó este país”, y el músico Tom Morello, quien citó versos del tema del gran cantautor radical Woody Guthrie en un mensaje a los dreamers: esta tierra fue hecha para ti y para mí.

El DACA fue impulsado por una acción ejecutiva del presidente Barack Obama en 2012, en gran medida por la presión de un movimiento de jóvenes inmigrantes y sus aliados. Pero precisamente porque fue implementado por una acción ejecutiva, y no una ley, el presidente en turno puede anularla con otra acción ejecutiva, tal como hizo este martes.

El programa benefició a inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad (antes de los 16 años) y que han residido por lo menos 10 años en el país, y ofrecía una legalización condicional renovable cada dos años que incluye el derecho a trabajar, acceso a apoyos para estudios superiores y obtener documentos como licencias y permisos para montar negocios. Los beneficiados se conocen como dreamers (soñadores) por el nombre del proyecto de ley frustrado por la oposición republicana que otorgaba estos beneficios.

Más de tres cuartos (78 por ciento) de los beneficiados por el DACA son mexicanos, según cálculos del Centro de Investigación Pew. Después de México, siguen en orden numérico Guatemala, El Salvador, Corea, Honduras, China y Colombia, según el Migration Policy Institute.

Desde su inicio, republicanos condenaron la iniciativa como un uso del poder ejecutivo ilegal para otorgar amnistía a indocumentados y Trump, como candidato presidencial, prometió anularlo en su primer día en la Casa Blanca.

Sin embargo, desde entonces ha comentando que deseaba actuar con gran corazón en torno a los jóvenes beneficiados y hace poco reiteró que éstos deberían de estar tranquilos, ya que se encontraría alguna solución, mientras algunos de sus asesores y estrategas políticos advertían de las posiblemente severas consecuencias de anular un programa que goza de un amplio apoyo público. La solución a que llegaron este martes fue esencialmente patear el balón al Congreso.

Pero aun con la prórroga de seis meses anunciada este martes, queda poco claro qué tan posible es lograr una medida legislativa para abordar este asunto ante un sector conservador antimigrante dentro del Congreso que ha obstaculizado todo intento anterior en esa dirección.

Mientras tanto, ahora unos 800 mil jóvenes y sus familias quedan en un limbo no sólo incierto sino peligroso. Para obtener la protección del DACA cada uno tuvo que presentar y comprobar su lugar de trabajo, estudio y vivienda, entre otros datos, invitados a confiar en que el gobierno federal no usaría esa información en su contra. Ahora, con Trump y sus políticas de deportación masiva, las autoridades saben precisamente la identidad y ubicación de cientos de miles de indocumentados.

Activistas jóvenes, incluidos los beneficiados por el DACA, advierten: no regresaremos a las sombras. Reiteraron que el programa es un triunfo ganado por ellos, y lo defenderán tanto en las calles como en tribunales y en los pasillos del poder.

“Estamos desconcertados por la decisión de Trump de poner fin al DACA… no seremos empujados a las sombras por estos políticos racistas. Esta es nuestra casa y aquí nos quedamos”, declaró Cristina Jimenez, directora ejecutiva de United We Dream, la organización más grande de soñadores.

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