Buenos Aires.

Las indagatorias, evidencias y las actas falsificadas demostraron que ninguno de los 30 detenidos durante la brutal represión de la policía de Buenos Aires, que actuó, después de una hora de finalizar la multitudinaria marcha por la aparición de Santiago Maldonado el pasado viernes, no tenían nada que ver con los delitos que intentaron adjudicarles, dejando en evidencia, una operación montada por el gobierno del presidente Mauricio Macri.

Sólo quedó detenido un turista venezolano, ajeno a los hechos, por un problema de documentación. La operación típica de una acción contrainsurgente utilizando policías y agentes infiltrados, que produjeron acciones vandálicas, para luego lanzar una cacería sobre las escasas personas que quedaban en lugares cercanos a la Plaza de Mayo, surgió de las filmaciones logradas tanto en esta capital, como en Chubut, Mendoza y otros lugares y dejó en una situación cada vez más difícil al gobierno y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Los organismos de derechos humanos también pidieron la renuncia de Bullrich, uniéndose a la demanda de la familia de Santiago Maldonado, el joven artesano, que se fue vivir al sur y que desapareció el 1 de agosto pasado cuando la gendarmería reprimió brutalmente a un pequeño grupo de mapuches en Esquel, Chubut.

La comunidad mapuche protestaba contra la detención de su lonko (jefe) Facundo Jones Huala, y por la ocupación de sus tierras por grandes transnacionales. Maldonado acompañó solidariamente estas protestas.

Cuando realizaron las indagatorias, tras 36 horas de detención e incomunicación el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Ramiro González acusaron a los arrestados de infundir pánico pero no pudieron precisar dónde fueron detenidos ni de qué hechos concretos habrían participado.

La vaguedad de estas imputaciones idénticas para todos muestra lo que también puede verse en las imágenes del operativo represivo: las fuerzas de seguridad no se enfocaron en reducir la violencia en las calles, ni en determinar cómo y quiénes la produjeron, y con qué intención, sino que detuvieron a mansalva, sin importar a quiénes ni qué estaban haciendo, para luego imputarles un delito federal con el fin de atemorizar, sostuvo en un comunicado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Este organismo comparó lo sucedido en la represión del 8 de marzo pasado, al terminar la masiva marcha y paro de las mujeres contra la violencia de género, cuando también había terminado la manifestación y un escaso grupo de personas, originaron acciones violentas y luego la policía salió, a cazar mujeres que estaban cerca de la plaza o en bares aledaños, deteniendo a 20 personas, que también fueron acusadas de intimidación pública.

Se trata de situaciones que se repiten y que configuran un escenario de incertidumbre sobre la vigencia del derecho a la protesta en la ciudad de Buenos Aires en una escalada represiva y criminalizante, señaló el CELS.

Cacería

Se refrió también a la cacería producida cuando la mayor parte de los manifestantes ya se habían retirado y se dedicaron a llevar incluso a personas que ni siquiera habían ido a la marcha. Se usaron balas de goma, disparando sobre la cara, por lo cual hubo varios heridos con impactos en la boca, nariz y ojos. A eso se sumaron los golpes de puño y patadas propinados sin motivo a distintas personas, como pudo observarse en múltiples videos. Se destacó la presencia de policías sin uniforme y sin identificación, algo prohibido por la ley 5.688 de la Ciudad y también el ataque a los trabajadores de prensa y personas que registraron la represión, algo que es una especial reacción policial contra el control ciudadano, que se viene observando no sólo en las protestas sino en múltiples situaciones del trabajo policial en las calles, señaló el CELS.

Los videos y las filmaciones fueron entregadas por periodistas y fotógrafos a un programa de televisión en C5N, y también publicaron audios comprometedores con las órdenes dadas por jefes policiales. Nosotras hemos aprendido mucho y también los jóvenes y ya reconocemos cuando es una provocación. como en este caso. No nos van a engañar ni a intimidar , dijeron Madres de Plaza de Mayo.

Las imágenes mostraban cómo encapuchados, se ponían un chaleco que los identificaba como policías al momento de la detención. Los detenidos fueron amenazados en los vehículos policiales, diciéndoles en algunos casos que iban a terminar como Maldonado o que si no decían sus nombres podían desaparecer.

Abogados de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunciaron que la acción estuvo destinada a desviar la atención sobre la multitudinaria marcha, como lo demostraron los periódicos y medios adictos al gobierno.

La movilización de estos abogados, familiares y organizaciones obligó al juez Martínez de Giorgi a adelantar las indagatorias que se realizaron el domingo pasado y finalmente no sólo debieron liberar a los detenidos sino ordenar una investigación sobre la actuación policial y lo más grave sobre la falsedad de las actas, donde se mentía sobre los lugares y las horas en que habían realizado las detenciones.

A medida que en el interior del país se van reconstruyendo hechos similares, a cuatro días de las grandes manifestaciones, más evidencia queda sobre la responsabilidad estatal, mientras el presidente no ha hecho ninguna referencia a esta situación y funcionarios han convalidado la represión.