Con objeciones de PRI y PVEM por el periodo de vigencia, así como por el PAN, que los consideró insuficientes, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los criterios para garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos para el proceso electoral.

El INE no es una autoridad que vigile desvíos del dinero público en programas sociales, pero sí pretende acotar su utilización con fines electorales, aseveró el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, y sostuvo que cualquier acto de corrupción en este ámbito no es competencia del instituto, sino de las instancias anticorrupción.

Con el documento aprobado se pretende regular el uso electoral de programas sociales; la propaganda gubernamental, la emisión de informes de funcionarios públicos que los coloca, advirtió la dupla PRI-PVEM, en posición de rebasar sus facultades.

Córdova Vianello manifestó que más allá del reciente fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que echó por tierra los lineamientos de cancha pareja, estos criterios se basan en disposiciones ya avaladas por el propio tribunal y sentencias del órgano judicial.

Los alcances temporales los hace vulnerables, dice el tricolor

El representante del PRI, Alejandro Muñoz, advirtió que los alcances temporales que pretende el INE los hace jurídicamente vulnerables, en particular en lo concerniente a la propaganda gubernamental. Si se pretende restringir desde que arranque el proceso electoral, esto contraviene las disposiciones constitucionales que fijan esta restricción sólo en las campañas electorales.

Aunque aclaró que no cuestiona los objetivos para garantizar la equidad, advirtió que los criterios pueden tener el mismo destino que los lineamientos acerca de la cancha pareja.

Los alcances del acuerdo, aseveró el consejero Ciro Murayama, se restringen a los potenciales vínculos electorales de las políticas sociales, pero el INE no puede ser el “big brother de la política social; si hay hechos de corrupción asociados al ejercicio de recursos, debe ser combatida desde las instancias competentes. No escurrimos el bulto, lo que nos toca es lo electoral y en cuanto detectemos indicios de mal uso con fines electorales atacaremos”.

El panista Eduardo Aguilar consideró que el acuerdo es pertinente en un país con 53 millones de pobres, pero lo consideró limitado, en especial porque los gobiernos no han estado a la altura de las circunstancias y no han establecido las directrices necesarias para evitar el mal uso de recursos públicos, la utilización de dinero en efectivo y para generar un compromiso de blindaje electoral propio en los comicios

Por otro lado, la aprobación de la Estrategia nacional de capacitación confrontó a los consejeros por la disposición que delega a los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) una fase clave, pues involucra el traslado de los paquetes y su participación en la etapa posterior a la jornada. La consejera Pamela San Martín cuestionó la abdicación del INE para asumir sus responsabilidades en una etapa muy delicada de los procesos locales lo que contraviene todo lo que el instituto, desde su conformación en nacional había instrumentado para garantizar esta fase de la elección.

Acusó a algunos de sus colegas –sin identificarlos– de traicionar acuerdos empeñados, porque se había establecido que el INE mantendría la responsabilidad y ejercería sus atribuciones en materia de capacitación y sólo se adecuaría que los Oples asumirían el pago de los capacitadores en la última etapa. En lo que sugirió como un albazo, criticó que se haya preservado la delegación de esta responsabilidad, poniendo en riesgo una etapa fundamental del proceso.