El sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido letal para los defensores de derechos humanos. Del primero de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2017 fueron asesinados o ejecutados extrajudicialmente 106 activistas, y 81 fueron objeto de desaparición forzada.

Así lo revela el informe La esperanza no se agota. Situación de las personas defensoras de derechos humanos durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, elaborado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), conformada por 84 agrupaciones de 23 estados del país, que se presentó ayer.

El reporte abarca sobre todo información de los primeros cuatro años del actual gobierno y reporta cifras a julio de 2017 únicamente para asesinatos y desapariciones forzadas. Indica que entre diciembre de 2012 y noviembre de 2016 hubo 302 casos de violaciones a las garantías fundamentales o delitos contra estos profesionales, que suman 862 hechos, con 3 mil 380 actos documentados.

Los gobiernos estatales son los que más los vulneran y agreden, con 273 casos (39 por ciento del total); la administración federal con 220 (32 por ciento); agentes municipales –incluye a autoridades comunitarias– 141 (20 por ciento), y 18 por ciento (123) corresponde a funcionarios de procuración de justicia, tanto estatales como federales.

Los principales perpetradores no estatales son: grupos de choque, empresas privadas y medios de comunicación, con 27 por ciento de los ataques. En algunos casos son varios los actores que vulneran los derechos de estos profesionales, por lo que alguien puede ser agredido por fuerzas gubernamentales y actores particulares a la vez.

La investigación asienta que 69 por ciento de los sucesos se dieron en siete de las 30 entidades analizadas: Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Puebla y estado de México, y las cuatro primeras son las de mayor riesgo.

En 147 de los 302 casos se presentaron acciones de continuidad, es decir, los defensores o colectivos sufren agresiones o delitos varias veces a lo largo de un año o más; 21 por ciento (64) está relacionado con megaproyectos, y Oaxaca es la entidad donde mayor número de violaciones a defensores hay por esta causa, con 13. Además, los oaxaqueños han sufrido represión por actos relacionados con las reformas estructurales, con 17 casos.

Las transgresiones más frecuentes son: detención arbitraria o ilegal; agresiones físicas; uso desproporcionado o indebido de la fuerza; intimidación; encarcelamiento arbitrario; hostigamiento, amenazas de muerte; desaparición forzada, allanamientos, asesinatos y violaciones al derecho a la seguridad ciudadana, al acceso a la justicia, a la protección frente al abuso del poder y al derecho a la honra y la reputación.