La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer ayer que elaborará un tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, con énfasis en los temas de institucionalidad democrática, violencia y seguridad ciudadana, libertad de expresión y afectaciones a los derechos económicos y sociales.

Señaló que en varias ocasiones ha solicitado la anuencia de Caracas para la realización de una visita in loco, pero se ha negado a otorgarla. Por ello, dijo, para la elaboración del informe basará su análisis en el monitoreo de la situación general de las garantías fundamentales en el país, que ha realizado a lo largo del año mediante la información recabada durante sus audiencias, las que contaron con la participación del Estado, así como datos disponibles de otras fuentes públicas.

En un comunicado, explicó que tomó la decisión de elaborar un tercer informe a solicitud de organizaciones sociales, tras exhortar de nueva cuenta al Estado de Venezuela para que dé su anuencia para la visita in loco. El primer documento se publicó en 2003 y el segundo en 2009.

Por otra parte, al seguir las audiencias públicas del 164 periodo de sesiones de la CIDH en la Ciudad de México, agrupaciones sociales de El Salvador reclamaron que no se han investigado ni sancionado masacres perpetradas durante la guerra civil de ese país. También se quejaron de que en años recientes ocurrieron ejecuciones extrajudiciales que se ha tratado de mostrar como víctimas de presuntos enfrentamientos entre policías y pandillas.

La organización Servicio Social Pasionista y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas señalaron que de 2015 a la fecha han fallecido mil 415 personas en supuestas confrontaciones con las fuerzas policiacas y militares; se informó que 90 por ciento eran pandilleros. Sin embargo, por cada 59 de ellos, un agente perdió la vida, subrayaron.

El comisionado James Cavallaro llamó la atención sobre esta proporción; consideró que la relación de fallecidos en enfretamientos puede ser equivalente a dos o tres veces más civiles que policías, pero 59 hace inviable que se trate de una confrontación. Cuando hay cifras así se trata de algunos combates y muchos casos de ejecución.

La representación del Estado salvadoreño dijo que no se tolerará ningún acto que ponga en riesgo los derechos humanos, aunque resaltó el nivel de violencia que se vive en el país y el poder de fuego de las pandillas, a las que se han incautado 5 mil 475 armas, de abril del año pasado a la fecha.