Medellín.

Uno de cada tres accidentes de tránsito es causado por el exceso de velocidad, por lo que reducir ésta en 5 kilómetros por hora evitaría 30 por ciento de los percances, mientras el tiempo de traslado prácticamente no resulta afectado ni se genera congestión vial. Esa evidencia es base de las disposiciones de tránsito que desde hace varios años se aplican en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Evitar la muerte de personas –niños y jóvenes, principalmente– por accidentes de automotores es uno de los retos de las naciones en desarrollo, en varias de las cuales ya se empieza a reconocer la necesidad de instaurar medidas de control e infraestructura para modificar el comportamiento de los conductores.

Esto es indispensable porque, de acuerdo con información del Banco Interamericano de Desarrollo, alrededor de 8 millones de niños en el mundo caminan a diario de su casa a la escuela. De ellos, cerca de 500 no llegan a su destino y forman parte de 1.2 millones de decesos y de los más de 50 millones de lesionados que al año se reportan en accidentes viales a escala global.

Darío Hidalgo, director de prácticas de transporte del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), organización no gubernamental enfocada en la búsqueda de condiciones de equidad y prosperidad, advirtió que está más que probado que no sirven las campañas de comunicación con mensajes que pretenden sensibilizar a la población sobre la necesidad de moderar la velocidad de los automóviles.

Se necesitan ordenamientos que obliguen a manejar en vías primarias a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, y en las secundarias, a 30 kilómetros. También, garantizar la infraestructura (reductores de velocidad o topes, disminuir el ancho de los carriles de circulación y control de las vueltas en las esquinas), así como sistemas de fotomultas y policías que vigilen el cumplimiento de la norma.

Entre los países de las Américas, sólo en la Ciudad de México existe un reglamento de tránsito con estas características. Es pionera en la región, aseguró el especialista respecto de las medidas vigentes a partir de diciembre de 2015.

La ciudad de Medellín aplica disposiciones de control, pero carece de un marco jurídico que garantice su permanencia.

Hidalgo participó en el Taller de Periodismo en Seguridad Vial, convocado por la Organización Panamericana de la Salud en esta ciudad. Aunque el reglamento de la capital de la República Mexicana cumple los mejores estándares internacionales, tuvo el problema de que la información no se transmitió adecuadamente a la sociedad y al principio enfrentó resistencias y cuestionamientos. No obstante, la evidencia es contundente sobre el riesgo de muerte y discapacidad que representa la conducción de vehículos a altas velocidades.

De las muertes ocurridas por accidentes viales a escala mundial, 49 por ciento se dividen entre peatones (22 por ciento), ciclistas (4 por ciento) y motociclistas (23 por ciento).

En los países de América Latina, los porcentajes son de 27, 4 y 20, respectivamente. De ahí la importancia de definir medidas como las mencionadas. El problema es de tal magnitud, señaló Hidalgo, que llevó a la Organización de las Naciones Unidas a incluirlo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Las metas que se fijaron los países son bajar a la mitad las muertes y lesiones por accidentes viales para 2020 y garantizar el acceso a transporte público seguro, asequible y sostenible para 2030. Sólo falta que se cumplan.