Las condiciones de violencia, inseguridad y riesgo para la vida que enfrentan los migrantes o solicitantes de asilo que fueron deportados hacia los países del Triángulo Norte de Centroamérica son en ocasiones mucho peores a las que los obligaron a huir. Países como Estados Unidos y México no han cumplido cabalmente con el principio internacional de brindar protección y refugio a personas en peligro ante la grave crisis de derechos humanos.

Ayer, representantes de organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) discutieron este problema durante los trabajos del 164 periodo extraordinario de sesiones del organismo internacional, que se realizan en la Ciudad de México.

Los primeros expusieron la serie de casos y agresiones a los que se enfrentan las personas que huyen de Guatemala, El Salvador y Honduras desde el momento previo a adoptar la decisión de irse de su país, en su obligado tránsito por México y –para algunos– a su llegada a Estados Unidos.

En tanto, los comisionados censuraron las constantes violaciones a los derechos de los migrantes y recordaron que los estados tienen la obligación de investigar las razones por las que salieron y otorgarles refugio.

Se trata de un drama. Las personas que tienen que migrar, al hacerlo se pueden olvidar de sus derechos, parece que ya no fueran seres humanos, enfatizó Luis Ernesto Vargas, relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH.

Los representantes de las organizaciones no gubernamentales señalaron que las amenazas, las extorsiones, las agresiones y la pobreza son algunas de las causas que orillan a los migrantes a dejar sus hogares.

Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expuso que los costos de la violencia por extorsión alcanzan anualmente 390 millones de dólares en El Salvador, 200 millones en Honduras y 61 millones en Guatemala.

Juan José Hurtado, de la Asociación Pop Noj de Guatemala, indicó que las deportaciones de México hacia el Triángulo Norte de Centroamérica aumentaron 126 por ciento de 2010 a 2016. El año pasado las autoridades mexicanas y de Estados Unidos deportaron a 214 mil ciudadanos procedentes de estas tres naciones.

Los activistas señalaron que no existen datos oficiales que documenten el número de migrantes deportados que son asesinados en su intento por regresar a sus lugares de origen.

Solicitaron a la CIDH que dé seguimiento cercano a esta crisis y que inste a los estados a crear mecanismos integrales para identificar las necesidades de protección de los migrantes y brindar atención y protección efectiva a quienes lo necesiten.

Asimismo, pidieron que presenten estadísticas de las personas con necesidad de protección, que revisen el número de muertes relacionadas con el retorno y que den a conocer los resultados de investigaciones acerca de las posibles muertes ocurridas por el retorno en el plazo de un año, entre otras demandas.

Los comisionados destacaron la necesidad de impulsar una opinión consultiva dentro de la CIDH, con el propósito de que se emita un pronunciamiento con la capacidad de ser atendido por los estados del continente.