o es el doble poder de 1917, hace 100 años, en Rusia, donde, como interpretaban algunos, los consejos obreros (o soviets) y el aparato oficial del Estado del gobierno provisional ruso coexistieron, el uno con el otro, compitiendo por la legitimidad. En Cataluña es todo más pacífico, más de estar por casa, con heroicidades por ahora de tono menor y sin que amenace una revolución social. Pero sí puede haber una revolución política. La independencia de Cataluña es una perspectiva ante la cual algunos políticos de izquierda en España parecen implorarnos: Catalanes, no nos dejen solos con los españoles, en vez de aprovechar el impulso catalán para poner la cuestión de la monarquía o por lo menos el gobierno del PP, partido post franquista.

En Cataluña hay, por un lado, unos 2 millones o 2 millones y medio (con mayor incidencia en los jóvenes) de separatistas en edad de sufragar, que quieren votar pr el sí en el referendo del primero de octubre, ahora amparados por dos leyes aprobadas y promulgadas por el Parlamento y el gobierno de la Generalitat (el regional) los días 6 y 7 de septiembre de 2017. En éste se preguntará si Cataluña debe ser una república independiente de España. La respuesta es sí o no. No hay otra alternativa. Los separatistas, en términos de fuerza parlamentaria, disponen del grupo Junts per Sí (de Esquerra Republicana y del Partido Democrático de Cataluña, la antigua Convergencia) más la CUP (izquierda radical). Suman 72 votos en un Parlamento de 135 diputados. Representan el catalanismo burgués y también el catalanismo popular. En contra están tres partidos. No están por un voto de no, sino por negar la legitimidad del referendo y acatar su prohibición por el gobierno de Madrid. Esos tres partidos son el PP, el PSC (socialistas) y Ciudadanos, que suman en conjunto 52 votos en el Parlament de Cataluña. En un muy simplificado análisis social, ellos representan las clases más altas (el Círculo de Economía, por ejemplo), gozan de bastante apoyo del diario burgués La Vanguardia y el popular El Periódico (los dos mayores de Cataluña), y también representan a muchos habitantes del cinturón obrero de Barcelona y a clases medias españolistas o federalistas. En medio, CSQP, grupo en cuyo origen hay miembros del antiguo PSUC (partido comunista) y del nuevo partido Podemos, con 11 diputados, que no consigue mantener su unidad.

Encuestas de opinión indicaban en julio de 2017 la voluntad de participar en el referendo de más de 50 por ciento y hasta de 65 por ciento, y en todos los casos con mayorías al sí a la independencia. Una obvia razón de la prohibición de la consulta por el gobierno de Madrid y las querellas penales que implicarían eventualmente cárcel para el presidente y vicepresidente del gobierno de la Generalitat, Puigdemont y Junqueras, y para la presidenta del Parlament, Forcadell, son esas encuestas. Hay que prohibir el referendo, porque es probable que ganara la opción del sí a la independencia. Otra razón es que, incluso aunque triunfara el no, se habría sentado un precedente de ejercicio del derecho de autodeterminación si se tolera la celebración del referendo el primero de octubre.

La disensión interna de CSQP (Cataluña sí que es pot) se reflejó en el Parlamento los días 6 y 7 de septiembre con un portavoz, Joan Coscubiela, alineado con los 52 diputados de PP, PSC y Ciudadanos contra el referendo del primero de octubre, y Albano Dante Fachín y otros diputados partidarios de que se celebre esa consulta, aunque algunos de ellos votarían por el no. Joan Coscubiela se pronunció fervientemente contra el referendo de independencia, es decir, desea que el poder del gobierno de Madrid se alíe con PP, PSC y Ciudadanos para imponer la prohibición de la consulta contra la mayoría del Parlament. No es tan sorprendente. Joan Coscubiela procede del PSUC (de origen estalinista), que nunca se pronunció por la autodeterminación de Letonia, Lituania y Estonia. Tampoco de Hungría, en 1956. En todo caso hubo otra izquierda marxista en Cataluña, antiestalinista, la de Andreu Nin, que fue destrozada en 1937. Años más tarde el PSUC, con el diputado Solé Tura, votó en 1978 contra la inclusión del derecho de autodeterminación en la Constitución española. Joan Coscubiela lleva la marca del PSUC. Otros legisladores del mismo origen (Nuet, Martinez Castells) han evolucionado mejor.

Llamó la atención el performance de la economista y diputada Angels Martínez Castells, del grupo CSQP, quien también procede del PSUC. Cuando ya se había aprobado –el día 6 de septiembre– la ley de referendo de independencia (por 72 votos favorables y 11 abstenciones) y los otros diputados se ausentaron, los del PP dejaron en sus escaños banderas españolas y catalanas. Ante ese hecho, Ángels Martínez, que ya tiene 68 años, diputada de CSQP, subió las escaleras lenta y laboriosamente y retiró una por una las cinco o seis banderas españolas, decisión unilateral que quedó filmada para siempre y de las que pasan a la historia. Las dobló y las entregó a una joven diputada de las CUP. Se acababa de aprobar en el Parlament de Cataluña la ley del referendo de independencia. Hecho histórico que merecía una celebración simbólica.

Las semanas próximas serán pródigas en Cataluña en otros espectáculos. Pero el tema de fondo es que hay dos legitimidades y dos poderes. En otras épocas de la historia de España eso se resolvería con una intervención militar. La situación ahora parece ser distinta.