La Cámara de Diputados abre su tercer año de trabajo en la 63 Legislatura con un déficit de producción de leyes y reformas; entre las más relevantes están la de seguridad interior, la iniciativa de modificación constitucional para echar abajo el pase autómatico de procurador general de la República a fiscal general y el mando mixto policial.

El inicio de actividades formales en San Lázaro también se verá eclipsado por los procesos político-electorales que han comenzado a instaurarse entre los partidos. Mientras se acerquen las definiciones de elección de candidatos a más de 3 mil cargos públicos –a dirimirse en julio de 2018–, entre ellos la Presidencia de la República, los trabajos en el órgano legislativo mermarán.

Esta circunstancia se evidenciará una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), como se mandata en la Constitución, el 15 de noviembre del año en curso. Apenas este viernes 8 el secretario de Hacienda entregó el paquete económico al presidente de la Cámara de Diputados.

Ahora el procedimiento aprobatorio –a través de las modificaciones que apliquen los representantes de los partidos en la Comisión de Hacienda– continuará hasta el 20 de octubre próximo, cuando se aprueben la Ley de Ingresos y los Criterios Generales de Política Económica, y ese día se envié al Senado para su ratificación, pues esa cámara no tiene injerencia legal en la conformación de la citada ley.

Una vez que el Senado avala la Ley de Ingresos y se regresa a San Lázaro –sin cambios–, los diputados procederán a repartir el dinero en el PEF 2018. Es ahí donde el interés de éstos se centra, pues la bolsa de gasto, que podría alcanzar hasta 80 mil millones de pesos para su reparto en proyectos, sobre todo de infraestructura, y de los que la gran mayoría obtiene el tan conocido diez que puede convertirse hasta en una quinta parte de lo captado por obra.

Así, una vez que se haya repartido esa bolsa entre los 500 diputados de los ocho partidos, el gasto para el año próximo se deberá aprobar –como límite– el 15 de noviembre.

Para entonces, los diputados –como ha ocurrido en los pasados procesos electorales presidenciables– se sumarán a las campañas de sus partidos como candidatos o integrantes de los equipos de promoción.

Antes de esa última fecha los integrantes de las bancadas tendrán que dirimir, sobre todo, los tres temas enunciados arriba. En lo que toca a las propuestas de PRI y PRD para echar abajo el llamado dedazo en la elección del fiscal general, el procedimiento se podría alargar por el diferendo entre partidos, incluso mandarse a la congeladora legislativa. Esto implicaría un nuevo conflicto, porque el nombramiento deberá ocurrir el año que viene, y para entonces la composición cameral se encontrará mermada con cientos de diputados suplentes, sin conocimiento del contenido de los temas a resolver.

También un pendiente es la llamada ley de seguridad interior que crearía un marco jurídico para la intervención de las fuerzas armadas en combate a la delincuencia. En este ámbito se acusa que tal pretensión otorgaría garantías inadmisibles al Ejército y Armada de México, aduciendo que se violentarían derechos humanos.