La legitimación del poder público pasa por la aceptación y la plena realización de los derechos sociales, que se refleje en una modificación de las condiciones generales de vida, más allá de ciertos sectores de la población bien identificados, afirmó el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, en su libro Derechos humanos. Apuntes y reflexiones.

En el texto señala que la inserción de los derechos sociales, también llamados económicos, sociales y culturales, es uno de los temas más complejos del constitucionalismo porque, en general, en las democracias constitucionales no existen desarrollos completos de esos derechos, es decir, no se entra a la discusión de las condiciones redistributivas del ingreso que conllevan.

“En algunos ordenamientos –en el caso de México, por ejemplo– los derechos sociales se han reducido a normas programáticas, esto es, a enunciados que el legislador desarrollará en la medida en que sea factible de acuerdo con las asignaciones presupuestales existentes, plantea.

El ministro de la SCJN refiere en su obra que existen casos en que se ha negado incluso la posibilidad de que los derechos sociales se exijan de modo directo ante los tribunales. En ninguno de los casos se les considera de manera alguna derechos, sostiene el Ministro en el artículo sobre la eficacia de los derechos sociales, uno de los cuatro que integran el libro.

Las soluciones parciales que se han dado para desarrollar estos derechos han consistido, por un lado, en identificar un grupo social específico a efecto de asignarle prestaciones concretas, o bien, actuar bajo el principio de igualdad o de no discriminación, a fin de encontrar su igualación coyuntural respecto de otros grupos o individuos, refiere la obra.