Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, enumeró la larga lista de pendientes que tiene el Congreso mexicano en la materia e instó a aprobarlos en este periodo de sesiones, que concluye el 15 de diciembre. Entre ellos se encuentran el aval que deberá dar la Cámara de Diputados a la minuta de la Ley de Desaparición Forzada de Personas y la luz verde del Senado a las leyes generales de Desplazamiento Forzado Interno y de Archivos, entre otras.

En ello coincidió el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien destacó entre las asignaturas pendientes del Senado y de la Cámara de Diputados la expedición de la Ley General de Desaparición Forzada, una prioridad que demanda atención urgente e inaplazable, así como –entre otras– los reglamentos para los artículos 29 y 33 constitucionales y las legislaciones sobre consulta a los pueblos indígenas, matrimonio igualitario y desplazamiento forzado.

Ambos funcionarios resaltaron además que se requiere abrir análisis y debate serios, objetivos y plurales sobre la seguridad y la justicia en México antes de aprobar la Ley de Seguridad Interior.

Jarab subrayó: La ONU coincide con la CNDH en que se requiere un debate honesto, profundo y público en torno al modelo de seguridad, así como evaluar los 10 años de la participación del Ejército en tareas de seguridad; evaluar lo que se logró y lo que no, y su impacto en los derechos humanos.

Gónzález Pérez, a su vez, expresó que más que limitarnos a regular la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad o aumentar años de prisión a ciertos delitos, se debe analizar con perspectiva integral.

Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos HumanosFoto María Luisa Severiano

El representante de la ONU manifestó preocupación por la contrarreforma referente al esquema acusatorio de justicia porque, sostuvo, pretende debilitar el sistema penal, por lo que pidió que no se aprueben los cambios que plantea el gobierno.

Jarab citó otros temas que tanto los senadores como los diputados han prorrogado o aplazado por meses o años: la regulación de la publicidad oficial con criterios de transparencia y objetividad, ya que en ningún caso los recursos públicos deben utilizarse para castigar o premiar las líneas editoriales de los medios. Rechazamos, subrayó, toda presión que tenga por objeto incidir en el ejercio libre del derecho a la expresión.

También, añadió, el Senado debe emitir la Ley General de Archivos, fortalecer el marco regulatorio en materia de asilo y refugio y armonizar las normas migratorias con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para impedir que los menores (principalmente provenientes de naciones centroamericanas) que viajan solos no sean retenidos en las estaciones migratorias ni devueltos a su país.

En la vieja casona de Xicoténcatl resaltó que en cuanto a la Ley General de Archivos los legisladores deben garantizar no sólo el resguardo de los documentos históricos, como los de la denominada guerra sucia, sino los actuales referentes a violaciones a derechos humanos y actos de corrupción, los cuales deben ser públicos.