Nelson Vargas, ex titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante la presidencia de Vicente Fox, habló ayer como un hombre desesperado, un padre que después de una década del secuestro y asesinato de su hija Silvia no ha visto sentenciado a ninguno de los ocho detenidos por el caso.

No hablo como alguien que conoce de leyes y justicia, sino como un padre que se está volviendo loco, porque no existe una sentencia de los asesinos de mi hija, dijo como presentación durante la conferencia para hacer un recuento y, al mismo tiempo, un reclamo ante la ineficacia para impartir justicia después de una década del agravio.

Hace 10 años, el 10 de septiembre de 2007, su hija Silvia fue secuestrada en San Jerónimo, cuando se dirigía a la escuela, y fue asesinada unos días después, según la declaración de uno de los involucrados. Durante casi un año se mantuvo en secreto el secuestro, por recomendación de las autoridades, aseguró Vargas, ya que le advirtieron que podía poner en riesgo a su hija.

El 25 de agosto de 2008, el ex funcionario hizo público su caso y pidió ayuda a la sociedad para hallarla. El 5 de diciembre de ese año, el cuerpo de Silvia fue encontrado en una casa en la delegación Tlalpan.

(No hacer público el secuestro) fue la peor estupidez que he hecho en mi vida, se reclama a sí mismo; me da pena ver que es más fuerte el poder mediático que el jurídico; que si no salgo ante los medios de comunicación aún estaría buscando a mi hija. Gracias a que lo hice, como por arte de magia apareció poco después el cuerpo de mi niña.

Fueron detenidas ocho personas relacionadas con el caso, entre ellas los señalados como principales sospechosos, los hermanos Cándido, Raúl y Óscar Ortiz González, éste fue chofer de la familia Vargas, y presuntos integrantes de la banda de secuestradores Los Rojos.

A pesar de que estos delincuentes confesaron el hecho, de que está asentado en actas, no hay una sola sentencia, reclamó el ex dirigente del deporte mexicano.

Varios funcionarios de primer nivel de gobierno de dos sexenios –enumeró Vargas– fueron informados del caso y le brindaron su apoyo. Primero el presidente Felipe Calderón Hinojosa y su procurador, Eduardo Medina Mora; después Enrique Peña Nieto –primero como gobernador del estado de México y después ya como mandatario–, y su titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez. Sin embargo, no ha logrado que se imparta justicia, dijo decepcionado.

Con esa fuerza política dispuesta a ayudarme y van 10 años y no hay una sola sentencia, lamentó; me preocupa que gente tan poderosa, que conoce el problema de mi pequeña y no se haya podido impartir justicia.

Con evidente rabia, Vargas recordó que quien fuera su chofer y presunto responsable del secuestro, Óscar Ortiz González, estuvo cerca de salir de prisión, pero gracias a que coincidió en una reunión con el presidente Peña Nieto pudo informarle lo que estaba por ocurrir y el mandatario dio instrucciones al respecto.

Soy un hombre con acceso a gente poderosa, pero de nada ha servido; la mayoría de la gente no tiene ese privilegio y ni quién les haga caso, reconoció con la voz apagada; me da vergüenza tener la oportunidad de llegar a los medios de comunicación y servidores públicos, porque la gran mayoría de la gente no puede.