El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y Amnistía Internacional (AI) celebraron la recomendación que el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, hizo a autoridades federales y de Baja California sobre el caso de abuso contra Ángel Amílcar Colón Quevedo, migrante hondureño garífuna, quien fue retenido en instalaciones militares, torturado, privado de su libertad sujeto a proceso por delitos que no cometió y se le negó asistencia consular.

Estos organismos señalaron que el caso del hondureño es emblemático del trato violatorio de derechos humanos que brinda el Estado mexicano a las y los migrantes en tránsito por el país; que en vez de ser tratados como víctimas son ­criminalizados.

Señalaron que en su recomendación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoce que fueron violados los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la asistencia consular, a la protección de datos personales, al honor y al acceso a la justicia del migrante hondureño, quien obtuvo su libertad hace casi tres años, luego de un lustro en prisión de manera injusta, gracias a la defensa jurídica del Centro Prodh con el acompañamiento de AI, la cual nombró a la víctima preso de conciencia.

Ambas organizaciones exigieron que la recomendación –difundida por la CNDH el domingo y que está dirigida al gobierno del estado, a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Procuraduría General de la República– se cumpla a cabalidad, a fin de que se garantice el derecho a la reparación integral del daño de Ángel Amílcar, incluyendo impulsar con debida diligencia la averiguación previa que ya existe abierta por el delito de tortura en la PGR desde enero de 2014.

Indemnización por daños

El exhorto del ombudsman instruye a reparar el daño material e inmaterial mediante una indemnización por los daños ocasionados, la atención sicológica inmediata y el inicio de investigaciones administrativas y penales. En cuanto a garantías de no repetición, se recomiendan cursos de capacitación a personal de PGR y de las policías estatal y Federal, considerando el contexto de personas migrantes y afrodescendientes y del derecho a la asistencia consular.

La CNDH concluyó que después de su detención, Ángel Amílcar fue obligado a caminar de rodillas con golpes, al mismo tiempo que lo mantenían esposado. Agregó que su exhibición en medios de comunicación lo avergonzó y lastimó su repu­tación en su comunidad, pues es un líder comunitario del pueblo garífuna y defensor de derechos humanos.