einticinco años atrás el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) –al que Carlos Salinas de Gortari, su creador, bautizó pomposamente como el balance moral de la modernización– hizo tres ejercicios sobre el resultado de una eventual distribución del ingreso en México y su efecto entre la población menos favorecida, como ahora (eufemismo puro) oficialmente denominan a los pobres entre los pobres.

La primera de ellas suponía que para 2007 se mantendría una distribución del ingreso idéntica a la prevaleciente en 1985, para lo cual era necesario que el producto interno bruto (PIB) creciera a una tasa anual sostenida de 7.4 por ciento, en términos reales, entre 1986 y 2007; para alcanzar la segunda, que establecía que en 2007 se alcanzaría una distribución del ingreso similar a la registrada en el Reino Unido en 1967, el PIB tendría que avanzar 4 por ciento cada año en igual periodo; y la tercera, que para lograr una distribución parecida a la imperante en Checoslovaquia o Hungría (en tiempos del bloque socialista) el PIB tendría que avanzar, en el mismo periodo, a un ritmo anual sostenido de 2 por ciento. Esta última fue la que ganó y el PIB mexicano creció –crece– a una tasa anual de 2 por ciento.

Lo mejor del caso es que 25 años atrás el Pronasol advertía que de no llevarse a cabo una política deliberada de redistribución del ingreso en el país, 10 por ciento de los hogares más pobres tendrían que esperar 64 años para satisfacer sus necesidades esenciales, en caso de que México registrara una tasa sostenida de crecimiento de la economía de 3 por ciento anual por habitante; el siguiente 10 por ciento de los hogares tardaría 33 años; el siguiente 10 por ciento de los hogares pobres esperaría 21 años y el siguiente 10 por ciento 10 años.

Eso fue en 1992, pero a estas alturas el balance moral de la modernización es devastador, no solamente por la creciente pobreza sino por la impúdica concentración del ingreso y la riqueza, situación que ha documentado y detallado la organización no gubernamental Oxfam: Las percepciones de los 12 millones de mexicanos más ricos (10 por ciento de la población) son equivalentes a las de los 84 millones de personas que viven en pobreza (70 por ciento de la población), de tal suerte que la desigualdad es 23 veces más alta entre el decil más bajo y el más alto de la población (La Jornada, Angélica Enciso).

Y para redondear, Oxfam detalla: La desigualdad de ingresos se refleja en que los 12 millones de mexicanos más pobres concentran apenas 1.8 por ciento del ingreso total de los hogares, frente a los 12 millones de más ricos, que concentran 36.6 por ciento del ingreso total. En tanto, alrededor de 64 millones de personas poseen apenas 20.1 por ciento.

Dado lo anterior, la citada organización no gubernamental resume el tétrico panorama (léase el balance moral de la modernización): México requerirá 120 años para que la tendencia de la desigualdad cambie, es decir, en 2136 comenzará a modificarse (ídem). De ese tamaño ha sido la victoria contra la pobreza, pero en el circuito oficial celebran que con Enrique Peña Nieto ese indicador se ha reducido. Y en 1992 el Pronasol estimaba que ese mismo proceso consumiría la mitad del tiempo.

Pero falta algo por considerar: dos semanas antes de que se divulgara la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh-2016) el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) –responsable de tal levantamiento– hizo un ejercicio (que finalmente no incluyó en su información pública, pero del que este aporrea teclas tuvo conocimiento directo) en el que incorporó un grupo de declaraciones fiscales de los más pudientes y con base en ese elemento la concentración del ingreso del 10 por ciento de la población más rica aumentaba de 36.3 por ciento (que es la proporción oficialmente aceptada) a más de 50 por ciento. La otra mitad se reparte –desigualmente, desde luego- entre el 90 por ciento restante de los mexicanos.

Entonces, con el Pronasol como ariete, el combate a la pobreza se inició el 2 de diciembre de 1988, al día siguiente de que Salinas de Gortari se instaló en Los Pinos, y sexenio tras sexenio se ha aplicado la fórmula, igual de clientelar que de fallida: Ernesto Zedillo Ponce lo rebautizó como Progresa, para el bienestar de la familia; Vicente Fox y Felipe Calderón lo denominaron Oportunidades, y Peña Nieto lo renombró Prospera. En ese periodo –de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)– el porcentaje de la población en pobreza pasó de 53.1 por ciento en 1992 a 53.4 por ciento en 2016 (alrededor de 64 millones de mexicanos, alrededor de 26 millones más que en 1988).

Lo anterior se complementa con otro hecho espeluznante (la cifra también es del Coneval): Al cierre de 2016, 83.4 millones de mexicanos registraron un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y de bienestar a secas. Además, 86.3 millones tienen al menos una carencia social, y 23 millones adicionales al menos tres, es decir, el 90 por ciento de la población total del país.

Por cierto, no resulta novedoso, pero Oxfam pone el dedo en la llaga, por aquello de la memoria porosa de algunos: “Los multimillonarios han hecho sus fortunas a partir de sectores privados, concesionados o regulados por el ámbito público; estas élites han capturado al Estado mexicano, ya sea por falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales.

Los esfuerzos para reducir la pobreza y la desigualdad aún son insuficientes, sería un absoluto despropósito tomar estos resultados (los oficiales) como una victoria. Pero en Los Pinos y zonas aledañas dicen exactamente lo contrario.

Las rebanadas del pastel

Orondo, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, presumía que el Paso Exprés de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, garantizaba una durabilidad de 40 años. No aguantó ni tres meses, y por lo mismo el funcionario debió dejar el cargo, pero junto con las empresas privadas participantes se mantiene impune y aventando la papa caliente. Pues bien, a ver qué inventa, porque hasta la siempre lerda Secretaría de la Función Pública ha detectado irregularidades en licitación, asignación de contratos, realización de la obra y liquidación de la misma por un monto de mil 34.4 millones de pesos vinculados cuatro contratos, trabajos ejecutados sin comprobación documental, pagos en exceso, inadecuada planeación y programación de la obra y los servicios relacionados con la misma, inadecuada supervisión de la obra y del servicio de coordinación del proyecto (La Jornada, Alonso Urrutia); es decir, de la A a la Z.

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