El gobierno mexicano ha incumplido su compromiso de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos y tampoco ha investigado y sancionado los delitos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. Por tanto, ha fallado con cuatro de los requisitos impuestos por el Congreso de Estados Unidos para recibir apoyo económico en la lucha contra la delincuencia.

Así lo plantearon la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés) y cinco organizaciones civiles, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y enfatizaron que por tanto, el Legislativo estadunidense debe cancelar los fondos.

A más tardar el 30 de septiembre, el Departamento de Estado debe reportar al Congreso si México ha cumplido, lo que hasta ahora no se ha dado, detalló Wola en un memorando difundido ayer.

Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México y Derechos de los Migrantes en Wola, señaló: Tomando en cuenta la impunidad generalizada en casos de violaciones a derechos humanos en México y que el gobierno no ha enfrentado debidamente abusos como la tortura y las desapariciones forzadas, el Departamento de Estado debe abstenerse de certificar que hay progreso en estos temas. Apoyar incondicionalmente a las fuerzas de seguridad en México cuando no se rinden cuentas por violaciones a derechos humanos sólo empeorará la situación del país.

Las organizaciones detallaron varios ejemplos en los que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha ido a fondo o incluso no ha atraído diversos casos de abusos, violaciones sexuales, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y otros delitos cometidos por soldados o elementos de la Policía Federal contra civiles. Como el caso Tlatlaya, al grado que un juez recientemente resolvió que la PGR no investigó con diligencia esos hechos, en los que miembros castrenses ejecutaron extrajudicialmente a 22 civiles.

El requisito número dos, referente a la prohibición de la tortura y el uso de testimonios obtenidos mediante esa vía, también está pendiente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la PGR han recibido decenas de miles de denuncias de tortura, y sin embargo, entre 2012 y 2016 los agentes del Ministerio Público presentaron cargos en sólo 22 casos. Sólo hay pruebas de 15 condenas por ese delito en México desde 1999.

El tercer requisito tiene que ver con la búsqueda efectiva de víctimas de desaparición.