La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas dio a conocer que se investiga a 300 agentes de vialidad de los municipios fronterizos de Reynosa, Matamoros y Río Bravo porque se presume que son vigilantes al servicio de criminales, delito considerado grave en el Código Penal de la entidad desde marzo pasado. Además, la Procuraduría General de la República (PGR) los investiga por delincuencia organizada.

El procurador Irving Barrios Mojica dijo que los policías implicados –a quienes se suspendió– fueron acuartelados con la cooperación de los tres ayuntamientos y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Indicó que hay videos de las cámaras de vigilancia del sistema C-4 en los cuales se observa a los agentes escoltando caravanas de presuntos delincuentes.

De igual manera, Barrios Mojica señaló que se giró orden de presentación contra el director de tránsito de Río Bravo, pero éste renunció y desapareció. Añadió que la semana pasada comparecieron los elementos de vialidad en cada una de las tres ciudades y se sabe que en otros municipios hay agentes policiacos que cometen delitos, pero no reveló cuáles.

El procurador estatal no descartó que los alcaldes sean corresponsables de los ilícitos en que están implicados los policías, pues nombraron agentes de tránsito a personas no certificadas por el C-3, instancia que aplica exámenes de control de confianza a estos servidores públicos.

Irving Barrios aclaró que ninguna autoridad federal o castrense se ha hecho cargo de las tareas de control de tránsito en Matamoros, Río Bravo y Reynosa.

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Luis Felipe López Castro, vicealmirante del cuerpo de infantería de marina de la Armada de México, designado en el cargo civil en octubre pasado, dijo que se reactivará la policía montada del estado y en octubre se adquirirán 50 caballos especiales que serán adiestrados para combate.

Consideró que esto ayudará a enfrentar ilícitos en diversos tipos de terreno, y los animales no se asustarán durante los enfrentamientos armados con criminales.

En tanto, un policía ministerial de Baja California descubierto cuando transportaba un cargamento de poco más de cuatro kilogramos de cocaína, el pasado 30 de agosto, fue vinculado a proceso ayer por un juez federal. Al detenido se le impuso prisión preventiva y permanecerá en el Centro de Reinserción Social de Mexicali hasta el cierre de la investigación, en enero de 2018.