La constructora Gasoducto de Agua Prieta interpuso una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable por las averías causadas en los ductos que atraviesan territorio yaqui. La etnia argumenta que la instalación de la tubería es ilegal y pone riesgo sus comunidades.

La empresa –filial de las trasnacionales IEnova y Sempra– solicitó al Ministerio Público Federal que investigue quiénes arruinaron la infraestructura del gasoducto Guaymas-El Oro para que proceda penalmente e incluso ingrese con la fuerza pública al territorio yaqui con el fin de hacer reparaciones.

Darío Navarro Figueroa, delegado de la PGR en Sonora, confirmó que la fiscalía abrió dos carpetas de investigación contra el grupo opositor, una en Hermosillo y otra en Ciudad Obregón.

No tenemos evidencia que los imputados pertenezcan a una etnia; no hay demanda del sector público (Comisión Federal de Electricidad), solamente de la empresa, sostuvo Navarro Figueroa.

Agregó que la policía ministerial federal se ha entrevistado con testigos y las investigaciones de ambos expedientes avanzan.

En torno a la solicitud de que la Gendarmería Nacional entre en territorio de la tribu, Navarro Figueroa precisó que el Ministerio Público Federal tiene facultades para dictar medidas que garanticen la seguridad en los ocho poblados que habita la tribu.

Rodrigo González, representante legal de la tribu yaqui del poblado de Loma de Bácum, aseguró que la querella es improcedente. Lo primero que pedirá el Ministerio Público es acreditar la legítima propiedad, y no la tienen: construyeron de manera ilegal.

El asesor jurídico agregó que aceptar esa demanda iría en contra de las resoluciones del juzgado séptimo de distrito y del tercer tribunal colegiado, que el 26 de abril de 2016 ordenaron la suspensión de la obra.

Una juez federal otorgó un amparo a los yaquis y ordenó parar las obras, que el gobierno federal considera prioritarias para el noroeste del país, pues servirán para abastecer de combustible a industrias privadas y públicas como la planta de ciclo combinado Empalme 1, con la cual la CFE pretende abastecer a millones de habitantes.

En el estado de México, el rector de la Universidad Autónoma Chapingo, José Sergio Barrales Domínguez, exigió a la Cámara de Diputados que cancele la explotación de gas natural con la técnica de fractura hidráulica o fracking –que consiste en inyectar agua en yacimientos para romper rocas y sacar los hidrocarburos– en zonas habitadas por indígenas, pues, entre otros efectos negativos, provoca el desplazamiento de población.

Expuso que las empresas que explotan gas natural utilizarán hasta 9 millones de metros cúbicos de agua de las comunidades indígenas para combinarla con compuestos contaminantes que se quedarán en la tierra.

La agricultura, la ganadería, la forestería y la pesca se verán afectadas, con alta probabilidad de que las zonas indígenas se conviertan en un páramo. De tener disponible esa agua, se podrían crear áreas agrícolas y con ello sí elevar el nivel de desarrollo en esas regiones, dijo.

En un comunicado, Barrales Domínguez agregó que con la ocupación temporal ya autorizada se desplazará a los indígenas incluso por la fuerza.