Bocoyna, Chih.

La Marcha por la Dignidad Indígena, iniciada el lunes pasado, terminó ayer después de que autoridades estatales resolvieron las principales demandas de los inconformes, informó Heraclio Rodríguez, dirigente de El Barzón.

Uno de los principales acuerdos es que el gobierno pagará a los indígenas servicios ambientales por la conservación del bosque, a fin de garantizar la recarga de acuíferos y presas en los distritos agrícolas de tres estados, explicó el líder campesino.

La Sierra Tarahumara genera la riqueza de Sonora, Sinaloa y de los distritos de riego de Chihuahua a cambio de nada; esa relación tiene que cambiar y todos tenemos que hacer algo al respecto, la Sagarpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), los distritos de riego y la Secretaría de Turismo, declaró Rodríguez.

Las 13 comunidades de los municipios de Bocoyna, Guachochi, Urique, Batopilas y Guerrero que tuvieron representación en la caminata recibirán fondos para la construcción de al menos 100 viviendas, se resolverán el desabasto de agua potable y los rezagos de infraestructura de salud y educación; asimismo, se pondrá en marcha un programa emergente de empleo temporal. También se reconoció el problema del desplazamiento de comunidades indígenas a causa de las actividades turísticas.

El dirigente destacó la disposición de las autoridades estatales, representadas por el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra, y la titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, María Teresa Guerrero, para atender las demandas de las comunidades.

Adicionalmente, se expusieron demandas que atañen al gobierno federal, como el derecho de vía de un gasoducto, las afectaciones que éste ha generado, la tala de bosques y diversos problemas agrarios.

La Secretaría de Desarrollo Social estatal presentará ante la Cámara de Diputados y el gobierno federal un documento con la finalidad de incluir las exigencias más inmediatas en el Presupuesto de Egresos 2018.

Javier Ávila Aguirre, párroco del pueblo de Creel, y el presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos AC, firmaron el acuerdo como testigos.