Madrid.

El fiscal general de España, José Manuel Maza, ordenó tomar declaración a los 712 alcaldes catalanes que apoyan la celebración del referendo de independencia, a quienes se les imputarán los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, por los que incluso podrían ir a la cárcel.

La respuesta de algunos de los ediles fue inmediata y advirtieron que ni van a comparecer ante los tribunales españoles ni piensan claudicar en su empeño de que el próximo primero de octubre la ciudadanía catalana participe en la consulta.

Con todos los puentes del diálogo rotos, la única vía de contacto entre las instituciones catalanas y el gobierno español es la de los tribunales.

La estrategia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, es neutralizar el referendo por medio de numerosos frentes abiertos ante la justicia. El Tribunal Constitucional ya suspendió las tres normas aprobadas por el Parlamento catalán para la consulta.

Y para completar el cerco judicial, el fiscal Maza –afín al derechista Partido Popular– ordenó a sus delegaciones provinciales en Cataluña (Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona) que inicien las actuaciones pertinentes para imputar y llamar a declarar a los 712 alcaldes que ya han confirmado su colaboración con el referendo.

Si el alcalde citado no comparece, Maza ordenó su detención.

La iniciativa de la fiscalía provocó la indignación de los partidos independentistas, pero también de parte de la oposición en el Congreso de los Diputados, que exigieron la comparecencia inmediata del fiscal Maza.

En un gesto poco común, el rey Felipe VI rompió su tradicional neutralidad en asuntos políticos y señaló que los derechos que pertenecen a todos los españoles serán preservados.

Por último, Rajoy advirtió al conjunto de la ciudadanía catalana que en caso de que sean llamados a colaborar en el referendo, en instalación de las casetas electorales, estarían cometiendo una ilegalidad.