En México, el costo final de las obras públicas aumenta en promedio 36.3 por ciento respecto de lo originalmente presupuestado, en tanto que el tiempo de ejecución en 67 por ciento es de un año o más, aseveró el comisionado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) Joel Salas.

El comisionado habló durante la presentación de la herramienta Contrataciones abiertas, que pretende hacer más asequible la información de los contratos públicos.

Destacó que, con independencia de que se dé cumplimiento a las obligaciones de transparencia –colocar en los portales todos los contratos–, poner esta información en un formato mucho más digerible para la sociedad permitirá acotar márgenes de discrecionalidad en el ejercicio de gobierno, así como la comisión de posibles actos de corrupción o evidenciar sucesos como el que recientemente se ha conocido del Paso Exprés.

De acuerdo con la Alianza Internacional para Contrataciones Abiertas, uno de los principales flancos de corrupción en los gobiernos se concentra en los contratos de obra pública, en tanto que, según la Convención Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 57 por ciento de los casos identificados de corrupción en el sector público se asocian a procedimientos de contratación.

Se exhiben malas prácticas

El comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, señaló que si bien es cierto que la transparencia no elimina la corrupción, sí la exhibe y permite su rastreo, como sucede con el Paso Exprés a la vista de lo que la Secretaría de la Función Pública informó, ‘‘con elementos formales de auditoría, sobre una cadena de responsabilidades que se finca en todas las etapas de una contratación que por desgracia vino a tener una corta vida en el ejercicio de una obra hasta presumida que colapsó con la pérdida de vidas, lo que se pudo haber evitado’’.

La iniciativa ha sido impulsada desde la Alianza para las Contrataciones Abiertas MX, integrada por la Presidencia de la República, las secretarías de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público, la organización Transparencia Mexicana y el propio Inai, en coordinación con el Banco Mundial, que busca la implementación del estándar de datos de contrataciones abiertas como un modelo común para difundir información sobre las adquisiciones públicas.