Madrid.

El ayuntamiento de Barcelona, gobernado por la independiente Ada Colau, informó ayer que alcanzó un acuerdo con los promotores del referendo de independencia de Cataluña y que, por tanto, se permitirá votar en la capital catalana, pero sin ceder los locales ni poner en riesgo a los funcionarios de la ciudad.

Barcelona es la primera de las grandes ciudades de la región que apoyan la consulta ciudadana, mientras otras urbes con grandes concentraciones demográficas, como Tarragona, Hospitalet de Lobregat, Lleida o Mataró, han rechazado respaldar la votación al no tener el respaldo de la legislación española.

Los impulsores del referendo y de la secesión, liderados por la plataforma política Junts pel Sí, estaban preocupados por la indecisión que había mostrado el ayuntamiento de Barcelona, al ser la ciudad más poblada y estar gobernada por una política que si bien no defiende abiertamente la independencia, sí está a favor de que se consulte a la ciudadanía. Colau, quien tiene un largo historial en el activismo social y político, sólo puso dos condiciones: que los letrados del consistorio estén de acuerdo y que no se ponga en riesgo a ningún funcionario, sobre todo ante el temor de que sean inhabilitados para ocupar algún cargo público si se abre un procedimiento en su contra por prevaricación, malversación de fondos públicos o desobediencia.

El limbo legal en el que se encuentra el referendo se debe a las suspensiones cautelares por parte del Tribunal Constitucional, que actuó contra las leyes del referendo, la convocatoria de la votación y la llamada ley de desconexión. Además de que la Fiscalía General del Estado inició acciones penales contra los principales responsables de la aprobación de las leyes y citará a declarar a los alcaldes de los municipios catalanes que apoyen el proceso, que enfrentan ocho años de prisión y 20 de inhabilitación.

En una sorpresiva declaración, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, señaló: “es evidente que si un sí a la independencia de Cataluña llegara un día, respetaremos esa elección, pero no podrá convertirse en miembro de la Unión Europea al día siguiente, deberá seguir los procedimientos de los Estados que ingresaron en 2004.”