El PRI presentó en el Senado una iniciativa de reformas al Código Penal Federal para sancionar hasta con 12 años de cárcel, y con 400 a mil 500 días de multa, a las personas físicas o morales que usen drones en delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro o extorsión.

La legisladora priísta María Verónica Martínez destacó que los aparatos delincuenciales también se actualizan y traen consigo nuevas formas de delinquir y evadir a la autoridad.

Pidió estar muy conscientes de que la tecnología siempre se adelanta a la normatividad tratándose de conductas ilícitas. En el caso de los equipos no tripulados y/o controlados a distancia no es la excepción (los drones), y hace falta incluir en la normatividad penal lo conducente a fin de prevenir y castigar, en su caso, nuevas formas delictivas.

Martínez refirió que las tecnologías que permiten mejoras sustanciales en la vida de las personas también son utilizadas por aquellos que violan la ley, cometen delitos y desafían la justicia.

Ante esa situación, expuso que “estamos en una carrera contra el tiempo y, para evitar el aumento de la delincuencia, disminuir la consumación de delitos y colocarnos a la vanguardia con el uso de nuevas tecnologías, los equipos no tripulados controlados a distancia (drones) son una herramienta que tiene futuro a largo plazo y que será de gran utilidad para los policías en materia de seguridad pública, para disminuir los índices de violencia en el país, pero sin una regulación jurídica nacional serán aliados de la delincuencia y de conductas indebidas que vulneren el patrimonio y la privacidad de la ciudadanía.

La senadora Martínez propuso adicionar el artículo 172 Ter al Código Penal Federal para sancionar las siguientes ilícitos: se impondrá de cinco a 8 años de prisión y multa de 400 a mil 500 días, a aquellas personas que utilicen drones para transportar estupefacientes, sicotrópicos y demás sustancias o vegetales considerados como narcóticos.

Asimismo, se establece sancionar con penas de 6 meses a 2 años de cárcel a las personas que utilicen drones para ingresar a alguna propiedad privada, y esta pena se incrementará a 6 años de prisión cuando se usen drones para obtener videograbaciones, fotografías y grabaciones de audio.