nte los trágicos acontecimientos, los maestros y maestras de la CNTE irrumpieron el desarrollo de su vida política, que entre los meses de septiembre y noviembre agitaría una jornada nacional de movilizaciones contra las evaluaciones docentes. A partir de la emergencia nacional, la movilización de sus núcleos y estructuras orgánicas, locales y nacionales, grandes o pequeñas, según sea su presencia en cada estado de la República, ha tenido como prioridad la ayuda humanitaria hacia los damnificados por las lluvias y por los sismos.
Con el hostigamiento oficial de la evaluación para el despido encima y sin contar con las cuotas sindicales, secuestradas por el SNTE, la CNTE se ha hecho valer por su capacidad logística, por la solidaridad de sus militantes, así como su gran disposición a la cooperación moral, física y monetaria, con la misma autonomía que solventa cualquiera de sus formas de protesta; pero, mientras los maestros decidieron que no era el momento de la confrontación abierta a la reforma educativa, sino de anteponer la necesidad de atender las labores humanitarias, de sumarse activamente a resolver las secuelas del siniestro, por su parte el gobierno, decidió seguir avanzando en su plan estratégico contra la escuela pública y los derechos laborales de los docentes.
En contextos de tragedia y vulnerabilidad, los neoliberales ven condiciones propicias para imponer sus políticas de saqueo; dice Naomi Klein, que luego del huracán Catrina en Estados Unidos, el ideólogo del neoliberalismo Milton Friedman, vio en las zonas devastadas la oportunidad para que se privatizara la educación. Así, con el pretexto de la recuperación de los planteles, crecieron las escuelas charter mediante financiamiento público, pero administradas por la iniciativa privada.
Siguiendo el consejo del ideólogo del neoliberalismo, la SEP confirma lo que ya habían denunciado los profesores de la Sección 22 de la CNTE. Para restaurar las escuelas dañadas se necesitarían 13 mil millones de pesos, mil 800 podrían obtenerse de la aseguradoras, otros 700 millones provendrían de la reserva para daños menores, un número no preciso del fondo de desastres que en realidad es mínimo, pero todo indica que la parte sustancial será del programa de bonos de infraestructura conocido como Escuelas al Cien; es decir, del endeudamiento público, de comprometer el futuro de los mexicanos con los usureros de cuello blanco, estamos ante el peligro de perder nuestro patrimonio escolar a manos del capital privado.
Las 12 mil 931 escuelas que Aurelio Nuño reportó como afectadas por los sismos del 7 y el 19 de septiembre, tanto en Ciudad de México como en los demás estados, no reflejan la cifra real, innumerables denuncias muestran que miles de planteles no han sido visitados, otros que presentan severos daños visibles fueron evaluados sin problema por los organismos progubernamentales, pero no así por otros como los colegios de ingenieros o departamentos de universidades locales.
Ocultar el número real de centros académicos afectados tiene como propósito negar toda intervención financiera por parte del Estado; los neoliberales mexicanos están frente al escenario óptimo para acelerar la privatización de la escuela pública mediante lo que denominaron autonomía de gestión; el desastre les ahorra años de abandono a la infraestructura física y obligaría en poco tiempo a los padres de familia a hacerse responsables, por sí mismos, de la reconstrucción de los inmuebles escolares, por eso la SEP presiona para que se inicie a la brevedad la normalidad de las clases en las zonas afectadas.
Los consejos de participación social con los que se opera la autonomía de gestión se inscriben en una lógica opuesta al creciente proceso de empoderamiento ciudadano que se muestra hoy por todo el país. Estos consejos crean las condiciones para el control social, para inhibir la auto organización fuera de los márgenes del sistema, para ejercer y disfrazar la centralidad del poder; en todo caso, servirían de contención ante un posible desencadenamiento y/o despertar político que ponga en riesgo las estructuras de la democracia burguesa, una vez terminada la emergente organización social ante los desastres naturales.
Lo que también está generando desconfianzas, es la inscripción obligada de los trabajadores de la educación para darse de alta en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), porque esta medida hacendaria busca recabar el número de alumnos de cada maestro, poniendo en situación de mayor vulnerabilidad a las escuelas de turno vespertino, comunitarias, rurales, indígenas y multigrado donde la matrícula es baja. El temor no es infundado, es ahí donde las reformas educativa y fiscal han dejado más grupos sin docente, donde pesa la amenaza constante por la reconcentración de escuelas.
En esta emergencia nacional, una tarea no menos urgente de los maestros, pero también de la ciudadanía, es la exigencia para la restauración de los inmuebles académicos, sin hipotecar el futuro de los mexicanos; el resguardo de las escuelas públicas y del carácter gratuito de la educación; la vigilancia de los padres de familia para que los buitres empresariales del presupuesto público y la rapiña política, no se robe nuestro patrimonio ni detenga el crecimiento organizativo de la conciencia popular con sus organismos de cooptación para la falsa autonomía.
*Doctor en pedagogía crítica
