La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) prepara demandas o acciones colectivas contra empresas inmobiliarias que hayan construido edificios nuevos que se derrumbaron con el terremoto del 19 de septiembre y se rehúsen a cumplir con la garantía de hasta cinco años establecida por la ley para que paguen o reparen daños estructurales, cuyo plazo comienza a correr a partir de la fecha en que los condóminos firmaron su contrato.

Advirtió lo anterior Rogelio Cerda Pérez, titular de la dependencia, quien agregó que ninguna empresa puede eximirse de responsabilidad alegando que los daños a los inmuebles fueron ocasionados por fenómenos naturales.

Señaló, sin embargo, que para que proceda una demanda colectiva se requieren grupos de por lo menos 30 personas de un mismo edificio o conjunto habitacional.

Desde marzo de 2012, la Profeco quedó legitimada ‘‘para ejercitar acciones colectivas contra actos, hechos u omisiones los cuales vulneren derechos e intereses de una colectividad o un grupo de consumidores’’, de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor y reformas hechas al Código Federal de Procedimientos Civiles.

‘‘Estamos intentando armar cuantas demandas o acciones colectivas podamos y para ello necesitamos que en una sola causa se integren 30 consumidores en un solo bloque para poderlos representar como sus apoderados ante cualquier autoridad de carácter administrativo y el Poder Judicial, y que no les cueste dinero’’, sostuvo Cerda Pérez en una entrevista radiofónica.

En el caso de los edificios más antiguos, dijo que se pueden interponer demandas penales pero de manera individual, por vicios ocultos en la construcción, y advirtió que el cobro de servicios se debe suspender de inmediato en los edificios colapsados.