El Gobierno de Ciudad de México hará una revisión puntual de la normativa en materia de construcción, incluido lo relacionado con los directores responsables de obra (DRO), señaló el consejero jurídico y de servicios legales capitalino, Manuel Granados Covarrubias.

En entrevista, el funcionario explicó que uno de los puntos a analizar será precisamente el esquema de contratación de dichos especialistas, así como dar certeza de que cualquier irregularidad será investigada para deslindar responsabilidades.

Subrayó que tras la experiencia del sismo del pasado 19 de septiembre, que dejó un saldo de 38 edificios colapsados y al menos 550 con daños graves, se convocará a especialistas con la finalidad de escuchar sus opiniones para hacer las adecuaciones necesarias que den garantía a la ciudadanía sobre los procesos constructivos en la ciudad.

Respecto a que los DRO son contratados por las mismas empresas a las que tienen que vigilar, Granados Covarrubias manifestó que es un tema que se tiene que revisar y establecer en la ley los mecanismos necesarios que den certeza de que cualquier irregularidad será investigada, sobre todo cuando se pone en riesgo el patrimonio y la vida de los ciudadanos.

De su lado, diputados de la Asamblea Legislativa señalaron que es necesario reformar la legislación en la materia, por lo que llevarán propuestas como otorgar a las delegaciones –próximamente alcaldías– facultades para vigilar la actuación de los DRO y corresponsables de seguridad estructural (CSE); establecer sanciones más severas por las omisiones en su función de dirigir y asegurar que las edificaciones cumplan la normativa, y transparentar todos los actos que ejecuten en el desarrollo de una obra.

Lo anterior, tras las irregularidades detectadas en casos como el colegio Enrique Rébsamen y edificios de reciente construcción que colapsaron por el sismo del pasado día 19 y que en su momento obtuvieron vistos buenos de seguridad estructural y operación.

El asambleísta de Morena David Cervantes Peredo resaltó que la misma ley fue diluyendo responsabilidades, particularmente de las delegaciones para intervenir en el seguimiento del desarrollo de una obra, que se les tendría que restituir, además de que es necesario revisar la norma para definir muy bien sus responsabilidades.

Para el diputado del Partido de la Revolución Democrática y secretario de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, Raúl Flores García, al ser los DRO y CSE auxiliares de la autoridad, consideró que las sanciones que se les impone al violentar la norma deben incrementarse con el mismo criterio que se aplica como agravante para quienes ejercen un cargo de servidor público.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional Dunia Ludlow Deloya dijo que al tener participación en todo el proceso de obra, desde la validación del proyecto y verificar que cuente con las firmas del especialista en mecánica de suelos, entre otras, hasta la manifestación de conclusión de obra, sus actos deben transparentarse en un esquema de gobierno abierto.