Buenos Aires.

Miles de personas exigieron este domingo en Buenos Aires la aparición del joven Santiago Maldonado, cuyo paraedero se desconoce desde que justo hace dos meses fue detenidos por la Gendarmería Nacional en la sureña provincia de Esquel durante una represión contra la comunidad mapuche de Cushamen.

Emocionado, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, exigió a las autoridades nacionales una respuesta y fue ovacionado al terminar su discurso: quisiera preguntarle a la autoridad máxima de nuestro país, al presidente Mauricio Macri, y a todos sus ministros: ¿dónde está Santiago Maldonado?

Que aparezca urgente, lo necesitamos por el bien de todos, y por todos los Santiagos que hay dando vuelta, añadió Sergio Maldonado, quien estuvo junto a su madre, que acudió por primera vez a un acto. También habló Germán, otro de los hermanos.

Como sucedió en la marcha anterior, cuando se cumplió un mes de esta desaparición forzada en la que está comprometido el gobierno, apareció cuando quedaban menos personas, un grupo de encapuchados que intentó provocar incidentes, tirando bombas de estruendo, golpeando a periodistas y rompiendo algunas cámaras de C5N y de Crónica y de otros medios, pero fueron corridos por los manifestantes al grito de infiltrados.

Esta vez, las organizaciones distribuyeron vía Internet y en hojas impresas, cómo no dejarse provocar y cómo actuar contra estos intentos de violentos que, como se pudo comprobar tanto en la marcha anterior aquí o en Chubut, estaban vinculados a las fuerzas de seguridad.

La situación empeora cada día para el gobierno del presidente Macri en materia de derechos humanos, que trata de imponer la impunidad para los responsables, tanto gendarmes, como el Ministerio de Seguridad, con una serie de mentiras que repiten los medios de comunicación y que se desmoronan gracias a la investigación de algunos periodistas, de la familia y de organismos defensores de derechos humanos.

En la marcha pasada, los infiltrados actuaron con extrema violencia, provocaron lesionados y graves daños en diversos edificios, además iban cazando a manifestantes, especialmente periodistas, detuvieron a unos 30, entre ellos una decena de fotógrafos, camarógrafos y de la prensa alternativa.

El gobierno de Macri controla 98 por ciento de los medios audiovisuales, de radio y escritos, e impone censura mediante despidos.

Milagro Sala, de vuelta a prisión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este fin de semana a Argentina que la decisión de la justicia de Jujuy de revocar el arresto domiciliario para regresar a prisión a la dirigente social del movimiento Tupac Amaru, Milagro Sala, es un incumplimiento de la medida cautelar de ese organismo que exigió su inmediata liberación o el traslado a prisión domiciliaria de la líder indígena detenida por el gobierno oficialista de Gerardo Morales.

Sala está detenida ilegalmente desde el 16 de enero de 2016 y se logró su traslado el pasado 31 de agosto, después de 20 meses de prisión preventiva e ilegal, aunque no a su domicilio, sino a una casa que fue desmantelada y apenas reacondicionada mínimamente por sus compañeros del Tupac Amaru, donde las condiciones eran carcelarias.

La Gendarmería colocó alambre de púas alrededor de la casa y puso un puesto tipo comando frente a la misma, también lo hizo la policía de Jujuy, ante cuyos oficiales debía presentarse Sala todos los días y recientemente lo hizo con un cartel en que se leía: ¿dónde está Santiago Maldonado?, lo que utilizó Morales como argumento para pedir a sus jueces asociados el regreso a la cárcel.

La defensa apelará este lunes ante la corte de Jujuy, aunque ello no frenaría el traslado debido a los tiempos procesales, mientras la CIDH anunció también una reunión de seguimiento por la desaparición de Santiago Maldonado, que se desarrollará en octubre en Montevideo. El gobierno no permitió el ofrecimiento de organismos internacionales para ayudar a investigar la desaparición de Maldonado. Esto sucede en momentos que el ex comisario Luis Abelardo Patti, condenado por crímenes de lesa humanidad, quien persiguió y asesinó militantes durante la pasada dictadura, fue enviado a prisión domiciliaria por motivos de salud.