Las posiciones de los científicos acerca de las implicaciones de la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad, pendiente de votarse en el Senado, son opuestas. Mientras unos señalan que abrirá las puertas al sector privado y a las transnacionales para apropiarse de los recursos genéticos, otros consideran que es un avance, aunque con el problema de que quita resguardo a áreas naturales protegidas ante la explotación minera.

La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad advirtió que esta iniciativa, y la ley general de Desarrollo Forestal, no pueden ser aprobadas sin una profunda discusión. En un pronunciamiento, advirtió que esas iniciativas ponen en riesgo los recursos naturales de pueblos originarios y campesinos, que han sido conservados y manejados sustentablemente por centenas de años.

Precisó que la propuesta abriría las puertas para que privados y transnacionales puedan, a través de las patentes, apropiarse de genes, recursos fitogenéticos en general y el conocimiento tradicional asociado a ellos; esto destruiría territorios y violaría derechos fundamentales. Señaló que aprobar leyes controvertidas, de espaldas a la sociedad y en momentos en los que ésta se ha volcado en ayudar a quie-nes sufrieron las consecuencias del sismo del 19 de septiembre, es un acto abyecto e irresponsable.

Hay falta de acuerdos entre el sector ambiental, aunque en su mayoría el dictamen favorece el marco regulatorio y mejora apartados de las leyes generales de Vida Silvestre y de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, señalan en una carta enviada al Senado sobre el dictamen expertos como Pedro Álvarez Icaza, Ariel Rojo, Oscar Ramírez, Rolando Cañas, Felipe Ramírez, entre otros.

Lamentan que los esfuerzos de la sociedad civil durante todo este año no se hayan unido y enfocado en ciertas disposiciones de la iniciativa que, crecientemente, perdieron consistencia con el concepto de sustentabilidad y una referencia explícita a la prohibición de la minería a cielo abierto en las áreas naturales protegidas. Advierten que una legislación como ésta, por su naturaleza puede generar controversias derivadas de puntos de vista divergentes, pero también falta de información e inclusive de problemas de interpretación.

Consideran que se da contexto nacional al Protocolo de Nagoya y se establecen las condiciones para desarrollar una reglamentación ad hoc, y de no aprobarse la iniciativa no habrá marco efectivo para proteger el conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad.

Si se deroga la Ley General de Vida Silvestre, como se plantea con esta iniciativa, los manglares quedarán desprotegidos, aunque son fuente de vida y biodiversidad, así como protección costera contra huracanes, sostuvo por su parte Rubén Arvizu, director para América Latina de Ocean Futures Society. Señaló que es necesario que la sociedad conozca y discuta a fondo las iniciativa, ya que México es signatario de convenios internacionales.