En el caso Ayotzinapa se han dado una serie de pactos de silencio entre diferentes actores institucionales que de romperse podrían aportar datos relevantes para las investigaciones y sobre todo para acceder a la verdad y la justicia.

Así lo señalaron cuatro de los cinco integrantes que formaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que la CIDH creó en su momento para el análisis y acompañamiento en las indagatorias por los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, quienes agregaron que la próxima Fiscalía General del país no pude seguir los vicios de la PGR.

Casi un año y medio después de que terminaron su mandato, los expertos regresaron a México para presentar ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el libro Metodologías de investigación, búsqueda y atención a las víctimas. Del caso Ayotzinapa a nuevos mecanismos en la lucha contra la impunidad, en el que hacen una serie de recomendaciones metodológicas para abordar indagatorias en las que se presentan graves violaciones a los derechos humanos.

Ángela Buitrago, Francisco Cox, Carlos Beristain y Alejandro Valencia delinearon algunas de las fallas en las que incurrió la Procuraduría General de la República (PGR) en este caso: como el centrar sus trabajos en la búsqueda y detención de los presuntos responsables, pero dejó en segundo término la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos y el acompañamiento a los familiares.

También se estigmatizó a los jóvenes refiriéndose a ellos como los ayotzinapos, con lo que se influenció la indagatoria mediante de un sesgo cognitivo; la incapacidad para analizar el contexto en el que se dieron los hechos; la excesiva dependencia de declaraciones por sobre otras pruebas; que no se uso la tecnología disponible para apoyar la investigación; entre otras.

Buitrago subrayó que en el caso Ayotzinapa falta mucho por develarse, pero lo fundamental es: Escribir la verdad del caso en toda su extensión y que se acepte. Beristain enfatizó que aún se necesita saber qué pasó con los normalistas y fincar responsabilidades contra aquellos funcionarios que manipularon y ocultaron pruebas.

El defensor de derechos humanos Valencia apuntó que en este caso los pactos de silencio han sido una gran barrera de impunidad al grado que a tres años de suscitados los hechos, aún no se sabe nada de los 43 jóvenes. Cuando nosotros llegamos siempre nos lo intentaron plantear así: el éxito de la investigación radica en el número de personas capturadas, entonces la investigación es un éxito porque tenemos ciento y pico personas capturadas.

Buitrago, ex fiscal colombiana, refirió: El gran problema y la gran complejidad que hubo en esta investigación es que siempre se habló del crimen organizado pero nunca se estructuró en la investigación, ni cuál era la organización, ni cómo estaba construida, ni cuáles eran los niveles de jerarquización de esos aparatos de poder.

Los expertos internacionales también enfatizaron que la nueva Fiscalía General de México no puede heredar los vicios de la PGR y tampoco a funcionarios formados en el sistema inquisitivo.

El abogado defensor Cox señaló por ejemplo que en expedientes de decenas de tomos, como el de Ayotzinapa, las fallas pueden pasar desapercibidas cuando se leen las carpetas, pero eso no ocurre en los juicios orales.