A solicitud de alumnos y de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Primaria Jaime Nunó, que se localiza en la delegación Cuauhtémoc, el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México acordó una suspensión provisional para que los estudiantes no regresen a clases debido al riesgo que representa un edificio de la Procuraduría General de la República (PGR), que resultó dañado por el sismo del pasado 19 de septiembre.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer que en la demanda de amparo los promoventes impugnaron la orden de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que se reanudaran actividades académicas en esa escuela, luego que fueron suspendidas con motivo del terremoto.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro estimó que las circunstancias particulares del caso permitían otorgar la medida cautelar, pues aun cuando existe un dictamen de seguridad estructural en el que una directora responsable de obra manifestó que la escuela estaba en buen estado y sin daños, también asentó que no era operable, porque el edificio colindante se encontraba en riesgo.

En su determinación, el juez consideró que el hecho de que se reanudaran las actividades académicas en ese plantel implicaba que el daño que podrían sufrir los estudiantes no sólo era inminente, sino podría ser irreparable.

El juzgador destacó que el interés de que se continúe con el ciclo escolar en los planteles educativos de la Ciudad de México no puede estar por encima de la integridad física de los alumnos, quienes corren riesgos por las condiciones en que se encuentra el edificio que colinda con el centro escolar.

Se estimó que el solo hecho de que los estudiantes se encuentren en riesgo de vivir un episodio traumático, porque el edificio colindante a su centro escolar se encuentra dañado, hacía necesario que se disminuyera el riesgo de que eso sucediera, evitando trastornos de estrés postraumático o de estrés agudo.

El edificio en riesgo es ocupado por la PGR como bodega y colinda con la escuela primaria a la que aluden los solicitantes del amparo y que obtuvieron la suspensión provisional, que estará vigente hasta que se lleve a cabo la audiencia, programada para el 16 de octubre, cuando se definirá con base en los informes y pruebas que rindan las autoridades si se otorga el amparo definitivo.