einte minutos. Ese es el tiempo promedio de cada reunión individual entre Michel Temer y 50 diputados el pasado martes. Una jornada de casi 17 horas: todo un maratón.

Las reuniones tuvieron el mismo guión: diputados pidiendo, presidente prometiendo. ¿Qué piden sus excelencias?

De todo un poco: liberación de recursos, cargos, puestos, proyectos de ley a ser enviados por el Ejecutivo al Legislativo, medidas que interesan a variados sectores de la economía, con énfasis en el agronegocio. Ejemplo: regularizar la entrega de tierras indígenas a conglomerados rurales privados.

¿Qué ofrecen a cambio? Rechazar autorización para que el Supremo Tribunal Federal investigue al presidente, denunciado por formación de banda criminal y obstrucción de la justicia. Investigarlo implicaría alejarlo del cargo hasta que se llegue a una decisión.

Michel Temer, que es de ascendencia libanesa, hace honor a la tradición de los grandes mercados en que el precio de cada mercancía es exhaustivamente negociado antes de concluir el negocio.

Para darle un barniz jurídico al enredo, el miércoles los abogados de Temer presentaron su defensa a la Cámara de Diputados.

La base del documento consiste en una serie de acusaciones contra Rodrigo Janot, que recién cerró su segundo mandato como procurador general de la República Federativa. Además de criticarlo en un tono inédito, lo acusaron de intentar llevar a cabo un golpe contra el presidente.

¡Vaya ironía! Temer llegó donde está gracias al golpe institucional que destituyó a la presidenta electa Dilma Rousseff, y ahora acusa de golpista al procurador que lo denunció amparado en un arsenal de pruebas.

Así andan las cosas en este país náufrago.

Y sigue el baile: el jueves, completando una secuencia de tres tensos e intensos días, el Supremo Tribunal Federal acató un pedido de la nueva procuradora general de la Unión, Raquel Dodge, para que Temer sea interrogado en una nueva denuncia: encabezar un esquema especializado en cobrar sobornos a empresas que actúan en el puerto de la ciudad de Santos, a cambio de decretos e iniciativas que las beneficiaron.

Desde hace mucho que se vincula el grupo de Temer a ese esquema, pero nunca antes hubo una investigación a fondo.

La de ahora tiene gran potencial para transformarse en una nueva –sería la tercera– denuncia formal contra el presidente. Temer, a propósito, puede vanagloriarse de al menos una hazaña: por primera vez en la historia un mandatario es acusado de corrupción en pleno ejercicio de su mandato.

Tal como anda Brasil desde que se consumó el golpe que instaló a Temer y su pandilla en el gobierno, ha sido una semana típica en Brasilia.

Lo que se intenta es, por anticipado, asegurar que fracase por segunda vez la posibilidad de que se investigue al fulano que al apoderarse del sillón presidencial trató de rodearse de una auténtica pandilla y siguió ampliando el esquema de corrupción controlado por el grupo.

En esta segunda ronda de negociación (la anterior se dio cuando la primera denuncia), algunas de las exigencias de los diputados vende-votos aceptadas por el presidente compra-votos resultan en escándalos sin límites.

Por ejemplo: enfrentando un déficit fiscal que ronda los 52 mil millones de dólares, el gobierno de Temer aprobó un programa de refinanciación de débitos tributarios que implica reducción de 90 por ciento de los intereses y 70 por ciento de las multas aplicadas a los deudores contumaces de tributos federales.

En total, dejarán de ingresar en las arcas públicas unos cuatro mil millones de dólares.

Ya en agosto, cuando la votación de la primera denuncia contra Temer, el tema del perdón fiscal ocupó buena parte de la agenda del Congreso y del grupo de Temer. Ahora no sólo se consolidó el trato anterior, sino que se ampliaron olímpicamente los beneficios a evasores fiscales.

A tiempo: de los 531 diputados, 291 acumulan deudas junto al fisco por unos 325 millones de dólares. Y de los 81 excelentísimos señores senadores, 46 dejaron de pagar otros 645 millones.

Con una aprobación de 3 por ciento y el rechazo enérgico de 77 por ciento de los brasileños, el más impopular de los gobiernos desde el final de la dictadura (1964-1985) trata de sobrevivir a cualquier costo. Ese esfuerzo, sin embargo, tiene reflejos inmediatos no sólo en los mismos medios hegemónicos de comunicación –que fueron cómplices en el golpe que liquidó con los 54 millones 500 mil votos logrados por Dilma Rousseff en 2014–, como en el sacrosanto mercado financiero.

Temer y sus cómplices prometieron reformas y medidas que atendían directamente a los sectores más fundamentalistas del neoliberalismo. Vienen cumpliendo algunas, privatizando inclusive sectores estratégicos, como energía eléctrica y petróleo.

Pero otras, consideradas esenciales por los dueños del capital, no.

La meta del déficit fiscal tuvo que ser revisada. A cada compra-venta de votos salvadores, lo que ocurre es una visible corrosión de la muy tenue confianza en la economía, al aumentar el llamado ‘riesgo fiscal’.

Y los brasileños contemplan, atónitos e inertes, el naufragio.