Al igual que en 1985, los sismos causaron graves daños a instalaciones importantes de la Procuraduría General de la República (PGR), y al igual que hace 32 años, la institución tendrá que cambiar de sede al quedar inoperante. Esta vez, cientos de funcionarios están siendo reasignados –hacinados– en otras instalaciones y su titular, Raúl Cervantes Andrade, despacha en un domicilio de la calle Tennyson, en Polanco, una de las zonas más caras de Ciudad de México.

Tras el sismo del pasado 19 de septiembre la orden fue de-salojar las oficinas centrales de Reforma 211-213, adquiridas en 2001 durante la gestión del general Rafael Macedo de la Concha; además, las de la calle López 12 y 14, donde estaban la Subprocuraduría de Derechos Humanos y el Centro de Denuncia y Atención de la dependencia.

También, el edificio de Insurgentes 235, donde operaba la Dirección General de Control de Procesos Penales Federales; el inmueble de Tonalá 104, en la colonia Roma Norte, que era ocupado como oficinas administrativas, así como las instalaciones de Jaime Nunó 25, en la colonia Morelos, que eran utilizadas como bodega. Están junto a una escuela que ya solicitó amparo para no regresar a clases, ante la posibilidad de que el edificio de la PGR se derrumbe.

En 1985, tras los sismos del 19 y 20 de septiembre ‘‘los edificios que alojaban las principales instalaciones de la procuraduría en el entonces Distrito Federal quedaron inhabitables. Fue preciso desalojar el inmueble de Eje Central Lázaro Cárdenas y una torre de 20 pisos en el Conjunto Pino Suárez’’, refiere la memoria institucional de la PGR, en el capítulo dedicado a la gestión del presidente Miguel de la Madrid.

Los daños generados por los sismos obligaron a una acelerada desconcentración institucional, por lo que muchos funcionarios fueron no sólo cambiados de inmueble, sino de ciudad. Como consecuencia de esos sismos, se descentralizaron ‘‘varias unidades de las direcciones de Control de Procesos y de Averiguaciones Previas, que se hallaban en los edificios de Lázaro Cárdenas y Pino Suárez’’.

El desalojo no fue simple mudanza, sino verdadera desconcentración, y mediante el acuerdo 22/85, de fecha 15 de octubre de 1985, a menos de un mes de los sismos quedaron constituidos tres órganos con la denominación de Delegaciones de Procedimientos Penales en el Distrito Federal, y se reubicaron en los edificios anexos a los reclusorios preventivos Norte, Oriente y Sur, dice la memoria.

En la actualidad, los más de 2 mil 500 empleados de la PGR que laboraban en la sede institucional están siendo reasignados; no todos han retornado, puesto que desconocen su nueva adscripción y la dependencia labora al mínimo; muchas reuniones del procurador con sus subalternos se han realizado en diversas instalaciones, pero principalmente en la calle Tennyson, en Polanco, entre Campos Elíseos y Luis G. Urbina, donde se ubican algunos de los mejores restaurantes y hoteles de la capital.

El inmueble de Reforma 211-213, entre las calles de Río Neva y Río Guadiana, en la colonia Cuauhtémoc, fue adquirido entre 2001 y 2002 por la PGR durante la gestión de Rafael Macedo de la Concha en 273 millones de pesos. Se consideraba un edificio inteligente por las medidas de seguridad que poseía y un lugar privilegiado por su ubicación.

La sede de la PGR se compone de dos torres, una de 16 pisos y la otra de 18 con helipuerto. Ahora se encuentra inhabilitada; según informes de funcionarios, el área de estacionamiento sufrió daños considerables y la edificación no sólo se hundió sino también se ladeó.

Sin embargo, la procuraduría no ha colocado el dictamen de verificación con los resultados de los peritajes, pero oficialmente la dependencia informó que entre ‘‘los edificios que se determinó que no se pueden ocupar’’ están las oficinas centrales (Reforma 211-213).

Ante la inviable utilización de la sede de la PGR, en los días recientes poco a poco se han estado sacando muebles de algunos pisos para trabajar en otras áreas. Sólo elementos de seguridad institucional y de la Policía Bancaria y de Valores custodian las instalaciones y evitan que cualquier persona sin autorización ingrese a las oficinas.

En 1985, el edificio de la sede de la Procuraduría General de la República, que entonces se encontraba en San Juan de Letrán (hoy Eje Central), entre las calles Independencia y avenida Juárez, quedó inhabilitado. Ese inmueble comunicaba con López 12, donde operaba entonces la Policía Judicial Federal (actualmente Agencia de Investigación Criminal).

El entonces procurador Sergio García Ramírez inauguró el edificio de Reforma 75 (que actualmente ocupa la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), como sede de la PGR, donde se construyó El Patio de los Juristas y se colocaron murales de, entre otros, José Chávez Morado.

El edificio se construyó, según información obtenida de ex funcionarios de la dependencia, con recursos que le fueron asegurados al narcotraficante Rafael Caro Quintero. Actualmente no se tiene acceso público ni a El Patio de los Juristas ni a los murales; la Seido está cercada.

Entre los planes que existen en la PGR destaca el cambio de las oficinas de comunicación social a un inmueble en la calle Vallarta, frente a la sede de la Confederación de Trabajadores de México, edificio que fue ocupado por el Sindicato de Trabajadores de la misma procuraduría, pero que también desde 1985 fue reforzado y se considera está en malas condiciones.

A la fecha no hay definición de los espacios que ocupará cada una de las subprocuradurías; solamente se ha retirado documentación de cada edificio y el mobiliario se ha dejado por la imposibilidad de moverlo y el riesgo de que se generen incidentes o derrumbes. Pero ‘‘todo opera a medio gas’’, señalaron mandos de la institución, que confirmaron que el titular despacha en Polanco.