El Gobierno de Ciudad de México iniciará proceso penal contra aquellas personas que defraudaron a las autoridades al pedir ayuda para la renta sin ser damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre, y anunció que a raíz de las 156 investigaciones abiertas por distintos ilícitos relacionados con el terremoto, en breve se llevará ante un juez a los presuntos responsables.

Se revisará caso por caso

En cuanto al primer tema, señaló que será la Contraloría General capitalina la encargada de interponer las denuncias correspondientes, luego de revisar caso por caso, ya que, dijo, hay quienes solicitaron los cheques por 3 mil pesos sin saber que otro familiar lo había hecho antes registrando el mismo inmueble.

Dicha dependencia, agregó, deberá determinar los ‘‘casos ostensibles’’, como aquellos en que se haya reportado una bodega como vivienda o direcciones en las que no vive el supuesto afectado; sin embargo, no descartó que con la reparación del daño se pueda desistir de la acción penal, una de las formas para resolver un conflicto de este tipo que marca el nuevo sistema penal acusatorio.

Señaló que el porcentaje de irregularidades se mantiene similar al informe que se dio a conocer la semana pasada, el cual indica que de 4 mil 909 cheques revisados, la Contraloría capitalina había detectado anomalías en mil nueve, como el registro de domicilios que no tienen daños o direcciones que no existen, lo que implica una defraudación por poco más de 3 millones de pesos.

Lo anterior llevó a las autoridades locales a cambiar el método de entrega de estos apoyos, por lo que a partir de hoy personal del Instituto de la Vivienda, Secretaría de Gobierno y la misma Contraloría irán a campamentos, albergues y puntos donde se reportaron viviendas dañadas para atender a las personas que requieren de ayuda para renta.

Hay otras 156 carpetas de investigación pendientes

Respecto de las 156 carpetas de investigación que tiene abiertas la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la ciudad, el gobierno señaló que está semana dará a conocer un informe detallado sobre las personas que han sido citadas a declarar, para ‘‘pasar ya a solicitar diligencias a juzgados”.

Entre estas averiguaciones se encuentra la del colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 19 menores, a cuya directora Mónica García Villegas un juez federal le otorgó un amparo, confirmaron fuentes cercanas al caso.

‘‘Si hay líneas de corrupción o cualquier vicio de haber vulnerado la ley, lo vamos también a sancionar en estricto apego a derecho. Será la justicia la que se encargue de colocar a cada quien en su sitio’’, señaló el gobierno de la ciudad.